Carlos Martínez Morán
A pesar de que el Ministerio Público decidió archivar los resultados de las investigaciones en el caso de los 606 mil dólares, el procurador Alberto Novoa considera que en este hecho todavía existen muchos aspectos sin despejar y que deben ser aclarados.
Según Novoa, en este hecho se cometieron una serie de delitos que tienen relación con el momento en que la Policía Nacional le descubre al colombiano Luis Ángel González Largo el dinero que ocultaba en una llanta de una camioneta.
También con los acontecimientos que se produjeron posteriormente para sustraer ese capital de una cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia, mediante métodos aparentemente irregulares.
“Eso significa que en este hecho se metieron a robar a la casa de justicia y no es posible que ahora todo quede como que nada ha ocurrido”, dijo.
El Ministerio Público archivó las diligencias de la investigación del caso porque el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ, supuestamente no le dejaron elementos para acusar a Leyla Bucardo Chávez y Jorge Eliécer González Hernández o Luis Ángel González Largo, por el delito de lavado de dinero.
Según la resolución, a pesar de existir hechos moralmente reprochables, “no hay caso en base a una conducta tipificada y penada atribuible a determinada persona, pues el Tribunal y la Corte no dejaron pruebas ni evidencias utilizables, ya que han juzgado a los implicados en el caso conocido como ‘narcodólares’ y dejan las manos atadas a la Fiscalía, porque ésta no puede perseguir dos veces por el mismo hecho a alguien, según establece la Constitución Política”.
Pero aunque el Ministerio Público señale que ya no es posible sostener cargos contra ninguno de los involucrados, el procurador Novoa asegura que en este caso quedaron muchos elementos que al menos deberían ser conocidos por la ciudadanía.
“Por ejemplo, no se sabe quién fue el que organizó toda la trama para sacar el dinero que la Corte Suprema mantenía bajo custodia”, dijo el procurador, quien a su vez mencionó que tampoco se conoció el grado de participación o de culpabilidad de cada uno de los señalados en la ejecución de esa trama.
Tampoco se mostró a la opinión pública el video de las personas que retiraron los dólares de la sucursal del Banpro.
Al procurador le parece sospechoso el hecho de que la Corte Suprema de Justicia no haya detenido la salida del dinero en el primer intento que se hizo en la sucursal bancaria.
RECURSOS Y ESFUERZOS DERROCHADOS
También, el que se haya dejado sin validez los resultados de la investigación que el Ministerio Público realizó sobre la participación en este hecho del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, quien firmó los cheques para sacar el dinero, y también quedó en la nada la participación del magistrado Rogers Camilo Argüello, quien promovió la sentencia usada para sacar los 606 mil dólares.
“Toda esta trama, todas estas situaciones nos llevan a presumir que las actuaciones judiciales tenía como objetivo que no se llegase al fin de este caso para proteger a alguien”, dijo.
Novoa lamentó que el caso de los 606 mil dólares haya terminado de esa manera, pues de nada sirvió toda la inversión que el Estado, a través de sus instituciones, Policía Nacional, Ministerio Público, entre otras, realizó sobre este hecho.
“Decirte cuánto se invirtió, es muy difícil de precisar, pero con toda certeza te puedo decir que con este caso se ha dejado un mal precedente en el país. Un mensaje que puede ser peligroso para la nación”, dijo.
MAL PRECEDENTE
El Procurador General de la República, Alberto Novoa considera perjudicial para el sistema de justicia la forma en que la Corte Suprema actuó en el caso de los 606 mil dólares. “Eso hace perder credibilidad entre la ciudadanía y si se pierde la confianza, se corre el riesgo de que cada quien empiece a tomar justicia por sus propios medios, y eso es muy peligroso para la sociedad y para cualquier país del mundo”, sostuvo.
