- Trabajarán para defender derechos de la mujer, niñez indígenas, y de los adolescentes
Anne Pérez [email protected]
Roman, Times, serif»>
ONG cuestionan corrupción judicial
 |
Trabajarán para defender derechos de la mujer, niñez indígenas, y de los adolescentes |
Anne Pérez Rivera
[email protected]
Un estudio con 200 organizaciones no gubernamentales revela que la corrupción en el sistema judicial, el miedo que en ocasiones sienten los denunciantes y el desconocimiento a la ruta de acceso a la justicia, son los principales factores que influyen en la impunidad de los crímenes.
El estudio fue realizado en el último semestre del 2005, por el Programa Estado de Derecho de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
Considerando ese diagnóstico, los mismos organismos decidieron crear tres coaliciones para la defensa de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, y para los derechos de la niñez y la adolescencia.
Víctor Gutiérrez, coordinador del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) en la zona de Occidente, y miembro de la coalición por los derechos humanos de la niñez y la adolescencia, explicó que el objetivo de esta nueva asociación es dar a conocer las leyes y procurar el acceso a la justicia a favor de este sector.
ÉNFASIS EN MEDIACIÓN
Las coaliciones ya definieron un plan de trabajo que empieza en este mes y concluye en diciembre de este año. La prioridad, aseguró Gutiérrez, es trabajar con las mediaciones de conflictos rurales.
Dentro del plan de trabajo se pretende brindar capacitaciones a por lo menos treinta personas en unos siete departamentos del país, priorizando las zonas rurales. Los mediadores de conflictos sumarían más de 200.
“Las personas deben acceder a la justicia, pero a veces es muy difícil que las mismas víctimas y familiares lleguen hasta las estaciones policiales, por eso se pretende que conflictos sean solucionados en las mismas zonas”, dijo el coordinador de CISAS en Occidente.
Agregó que la instalación de un centro de mediación, con mayor atención en las zonas rurales, es otro de los proyectos contemplados dentro del plan de esa coalición.
Los mediadores podrán intervenir en problemas de propiedad, pensión alimenticia, riñas familiares. Aunque no tendrán facultades para mediar en casos de otorgamiento de patria potestad y delitos como casos de violación.
Karla Hernández, técnica del Programa Estado de Derecho, dijo que también se brindarán otros talleres relacionados a la implementación del Código Procesal Penal y prevención de la violencia intrafamiliar.
Hernández explicó que el accionar de las coaliciones será financiado durante dos años por el Programa Estado de Derecho, de la USAID. Pero, deberán convertirse en autosostenibles, para continuar con esa labor de forma permanente.
