Vientos de cambio

En la costa atlántica colombiana, entre Cabo de la Vela y Puerto Bolívar, vive una de las últimas comunidades indígenas de América Latina: el pueblo de los wayúu. Dispersos en un área semidesértica de más de 15,000 km2 en plena península de La Guajira, los wayúu, cuya lengua original es el wayunaiki, habían sido testigos hasta ahora del fracaso de una larga lista de proyectos emprendidos por políticos y empresas externas para el progreso de su pueblo. Marginados, con altos niveles de analfabetismo y desnutrición, se veían a sí mismos como la cola del mundo.

Esa sensación se pudo haber acentuado aún más con los planes que tenía en mente Empresas Públicas de Medellín (EPM), la empresa estatal dedicada a proveer los servicios básicos en la zona paisa del país. La compañía planeaba utilizar las tierras de los wayúu para instalar 15 turbinas de 60 metros de altura, que aprovechan la fuerza del viento para producir electricidad. Pero como en Colombia está prohibida la apropiación de parte de una empresa de tierras consideradas como patrimonio étnico, EPM debió buscar un modelo de cogestión con los wayúu para llevar a cabo el proyecto.

Nada de fácil. Para la comunidad indígena, los empleados de EPM no eran más que un grupo de alijuna (hombres blancos) que no hablaba su lengua y usaba un traductor, gestos y láminas para hacerse entender. “El trabajo para ganarnos su confianza fue como realizar un tejido”, dice Ana María Sandoval, antropóloga de Empresas Públicas de Medellín y una de las profesionales a cargo del proyecto. “El cuidado, la creatividad y la coordinación no podían descuidarse nunca”.

De hecho, el trabajo comenzó en julio de 1999, cuando un grupo de técnicos de EPM se presentó donde los wayúu para hablarles, por medio de señas, sobre la velocidad y la dirección del viento en la Alta Guajira de Colombia. La comunicación era fundamental, pues para Sandoval y los suyos el proyecto se asemejaba a ingresar a “una casa ajena”, por lo que había que mantener el respeto mutuo y cuidar en extremo detalles como la puntualidad y el cumplimiento de la palabra empeñada. La comunidad indígena paulatinamente se dio cuenta de que el objetivo de los representantes de EPM era instalar una estación meteorológica para obtener las variables climáticas del sector.

Las conversaciones dieron resultado. Los wayúu aceptaron ceder una zona de 165 hectáreas, pero no a una empresa, sino a la antropóloga y a su compañero de trabajo, el ingeniero forestal Jaime Aramburu, las dos caras visibles del proyecto.

La primera estación para medir vientos en tierras de los wayúu comenzó a operar en mayo del 2000. Los indígenas la llamaron “Kasushi” (tierra blancuzca) y participaron en todo el proceso que implicó su instalación, mantenimiento y lectura de medidores, tal como estipulaba el modelo de cogestión que comenzó a poner en práctica Empresas Públicas de Medellín. Algunos wayúu temían que un relámpago chocara con la torre, mientras otros aseguraban que el medidor, de 60 metros de altura, se tragaba las nubes. A Kasushi le siguieron dos estaciones para medir la fuerza y dirección del viento: Arutkajuy y Kasiwolin. Los resultados cumplieron con las expectativas iniciales. La velocidad promedio alcanzaba los 10 metros por segundo a 60 metros de altura, que era el tamaño de los aerogeneradores que se pretendía instalar. Además, el hecho de que los vientos procedieran de una misma dirección durante prácticamente todo el año iba a facilitar la distribución espacial de las 15 turbinas eólicas que significaron una inversión de 27.8 millones de dólares para EPM.

Junto a esto, se pusieron en marcha otras obras, como la construcción de una planta desalinizadora de agua, nuevas embarcaciones para la actividad pesquera, mejoras en viviendas, escuela y cementerio de la comunidad por unos 395 millones de dólares.

A ellos se suman programas de capacitación laboral en etnoturismo, empaque de pescados y mariscos y en el mantenimiento de los equipos desalinizadores, transformándose en uno de los pocos proyectos integrales latinoamericanos que envuelven la creación de generadores de energía renovable con otros objetivos de desarrollo de zonas aisladas y creación de empleo.

Son contados con los dedos de una mano los ejemplos, como el Programa Nacional de Producción y Uso de Biodiesel de Brasil, que contemplan la participación de familias de agricultores en el cultivo de oleaginosas –la materia prima del biocombustible–, hasta los esfuerzos para desarrollar fuentes de energía geotérmica en Guatemala y Nicaragua en proyectos como Amatitlán, San Marcos, Germán Pomares y Momotombo, que aprovechan el agua caliente de las profundidades de la tierra para generar electricidad.

Hoy las altas torres conforman el parque eólico Jepírachi (vientos del nordeste en wayunaiki), uno de los proyectos estrella de Empresas Públicas de Medellín. Se trata de la primera planta de energía eólica construida en Colombia y el primer proyecto de energía renovable que ha permitido a este país obtener beneficios del régimen de Mecanismos de Desarrollo Limpio establecido por el Protocolo de Kyoto. Por cada tonelada de CO2 que Jepírachi consigue reducir, el Banco Mundial paga cuatro millones de dólares a EPM para fomentar la disminución de emisiones de gases invernadero.

La asistencia técnica y el diseño del primer parque eólico colombiano contaron con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo (GTZ) y su Programa Terna. La experiencia, que incluyó la realización conjunta de los estudios técnicos de factibilidad de Jepírachi, fue calificada por GTZ como la más exitosa en la historia de sus programas de cooperación internacional.

Sin embargo, no todo son alabanzas. “Las hélices de las turbinas eólicas producen un zumbido durante las noches de viento que no deja dormir y afecta el sentido del oído”, dice Tatiana Roa, directora de la organización ecologista Censat, quien también critica a EPM porque de los 19.5 MW anuales que producen las turbinas, nada llega a la comunidad wayúu. “Estamos a favor de las energías alternativas, pero nuestra pregunta es a quiénes van a beneficiar”. EPM tiene razones para eso. “Implementar una red de distribución para esta comunidad, que vive en forma tan dispersa, sería costosísimo”, dice Luis Carlos Rubiano, subgerente de Planeación de Generación de Energía de EPM. “Y sólo estamos autorizados para generar energía y entregarla al sistema de distribución”.

Quizás los resultados del proyecto no haya que medirlos en kilowatts. “Ellos han respetado nuestra cultura, nuestras decisiones y vienen cumpliendo las cosas que nos prometieron”, dice Mario Almazo, uno de los líderes wayúu. Para él y su familia, las 15 turbinas eólicas no son objetos extraños. Incluso tienen nombres para cada una de las filas de torres, como el clan Epieyuu y el clan Pushaina. Una muestra de realismo mágico que incluso abre la posibilidad para una nueva fuente de ingresos: los turistas ya empezaron a incluir al parque como un destino a visitar.