- Debaten en Jalapa proyecto de ley que será discutido en la Asamblea Nacional
Alina Lorío L.CORRESPONSAL / NUEVA SEGOVIA [email protected]
Varias organizaciones campesinas y comunales de Jalapa se opusieron ayer a la aprobación de la Ley de Agua tal a como se encuentra redactada originalmente, por lo que propusieron cambios en al menos 20 artículos de la mencionada ley “para que los diputados las tomen en cuenta”.
“No a la privatización del agua… juntos podemos evitarlo”, “No dejemos que nos arrebaten este preciado recurso que en manos de capitalistas se vuelve un arma poderosa de manipulación que sólo trae guerra y destrucción al ser humano”, se leía en sendas pancartas que las organizaciones portaron durante un foro realizado en el auditorio de la Alcaldía de Jalapa.
COINCIDEN EN PUNTOS
La Asociación de Campesinos para el Desarrollo Sostenible (Acadis) y la Central de Cooperativas Forestales (Cecofor) convocaron al foro, al que asistieron representantes de organizaciones como Oyanca, la CCAJ, Iglesia Evangélica y Católica, Aproder, Alcaldía, Comisión Ambiental Municipal, líderes comunales, Fedicamp y medios de comunicación, con presencia en al menos unas 28 comunidades de Jalapa.
Los ciudadanos de Jalapa coincidieron por unanimidad que en el inciso a, del Artículo 13 de la Ley del Agua debe decir: “El agua es un recurso de toda la nación, por lo tanto no puede ser privatizada de ninguna forma, directa e indirectamente”.
TOMAR EN CUENTAA MUNICIPALIDADES
Otra de las propuestas de mucha coincidencia entre los aportes de los diferentes grupos de discusión de la ley que se formaron en el foro, fue alrededor del Artículo 21, que fue redactado así: “En la Comisión Nacional de Recursos Hídricos se deben incorporar a los líderes comunales de las microcuencas, gobiernos municipales y representantes de la Policía Nacional.
Los comunales se aferran a que las concesiones deben apegarse a la Ley 40 o Ley de Municipios y que se tome en cuenta en todo a los gobiernos municipales como ente regulador, concesiones que “deben estar regidas en un período de uno a cinco años bajo un riguroso proceso de monitoreo y supervisión”.
