Mirna Velásquez [email protected]
Ocho de cada diez nicaragüenses consideran que el magistrado Rogers Camilo Argüello, uno de los funcionarios de más alto rango en el Poder Judicial, implicado en la trama de los “narcodólares”, debe ser destituido de su cargo “para que enfrente a la justicia”, según revela la última encuesta de la firma consultora M&R.
El sondeo de opinión realizado en todo el país en la semana del dos al ocho de enero, señala que de 800 personas entrevistadas, el 78.25 por ciento aprueba la decisión de la periodista de El Nuevo Diario, Eloísa Ibarra, de acusar a Argüello.
Ibarra sostuvo la semana pasada que introducirá una querella por injurias y calumnias contra Argüello, pese a que éste le ofreció disculpas.
Dichas disculpas fueron dadas a conocer en una carta que hizo circular la Dirección de Prensa de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por haberla ofendido públicamente a ella y su familia.
Ibarra confirmó que la querella será introducida el miércoles o jueves de esta semana, una vez se conforme la junta directiva de la Asamblea Nacional, donde pedirá personalmente el desafuero del magistrado Argüello, aunque también hará la solicitud ante el juez donde se radique el caso.
La consulta de M&R concluye que los entrevistados rechazan que un funcionario público sea inmune a las leyes del país y manifiestan que debe ser despojado de su inmunidad para que enfrente a la justicia como cualquier ciudadano y sea objeto de una investigación cuya resolución se apegue a Derecho.
El jueves de la semana pasada, Argüello presentó una carta dirigida al entonces presidente del parlamento, René Núñez, en la que renunciaba a su inmunidad, para enfrentar la querella de Ibarra.
Otro de los datos que arroja el sondeo es que el 79.63 por ciento de las personas abordadas aseguran que tienen conocimiento de la fuga de los 609 mil dólares que salieron de una cuenta bancaria de la CSJ y que habían sido incautados a un grupo de personas, entre ellas Luis Ángel González Largo, procesado por lavado de dinero y condenado a diez años de prisión.
El margen de error de la encuesta es de más o menos 3.59 por ciento, y los datos fueron recogidos mediante entrevistas personales en los hogares de los entrevistados, puntos de concentración poblacional y llamadas telefónicas.
