Lucía Vargas C.CORRESPONSAL/ [email protected]
La Juez Local Civil de Jinotepe, Fátima Orozco, revocó una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Masaya, la cual manda al Ministerio de Salud (Minsa) a pagar a 122 jubilados de esa entidad más de seis millones de córdobas en concepto de 35 meses de salario por retiro voluntario.
En una notificación que la juez Orozco dio a conocer a la procuradora común de los jubilados, Verónica Barrera López, el 2 de diciembre, se revoca la sentencia firme de un tribunal superior y la cual representa el fin de una demanda que estos ex trabajadores interpusieron contra el Minsa por el incumplimiento del programa de retiro voluntario.
En el 2003, el Minsa planteó a todos sus trabajadores con edad para jubilarse que se retiraran voluntariamente con un beneficio de 60 meses de salario para ellos. La institución cumplió una parte, pero no pagó 35 meses que ahora demandan los jubilados que se les pague.
En primera instancia los jubilados ganaron la demanda, y en junio, después que el Minsa apeló el Tribunal de Apelaciones de Masaya ratificó la sentencia a favor de los ex trabajadores.
SEÑALAN A MAGISTRADA
Barrera asegura que la actuación de la juez Orozco fue por supuestas presiones de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), doctora Alba Luz Ramos, según versiones que diera Orozco a sus superiores del Tribunal de Apelaciones.
“Sabemos por fuentes muy seguras que fue la magistrada Alba Luz Ramos quien presionó a la juez para que revocara la sentencia y (para) que el Gobierno no cumpla con el pago”, dijo la señora.
Barrera refirió que pasando las vacaciones van a pedir una audiencia con la magistrada Ramos para escuchar de ella el porqué actuó en contra de los jubilados, ya que la sentencia estaba para cumplirse.
Indicó que el Minsa ya había agotado todos los recursos legales que tenían, porque en materia laboral los juicios terminan con la sentencia que dicta el tribunal de segunda instancia. “Las sentencias definitivas son de ineludible cumplimiento y la juez sabe que no puede revocar lo que dicte su superior; sin embargo, ella se extralimitó en sus funciones”, expuso.
A juicio de varios juristas consultados, la juez falló en contra de ley expresa en un caso que tiene carácter de cosa juzgada.
«ES PREVARICATO»
El doctor Uriel Mendieta, jurista de reconocida trayectoria en Jinotepe, opinó que el hecho de que un juez revoque una sentencia de sus superiores, de inmediato lo hace caer en desacato, lo que se convierte en un prevaricato, según los artículos 334, 371 y 385 del Código Procesal Penal (CPP).
“En ningún caso puede un juez de primera instancia anular la sentencia firme de un tribunal superior, pues estaría atentando contra lo que se llama la santidad de la cosa juzgada y abriría un juicio fenecido”, dijo Mendieta.
El abogado consideró que los magistrados que en este caso se vieron afectados con la resolución de la juez Orozco deben anteponer su dignidad como profesionales y mantener el imperio de la ley y la seguridad ciudadana en la firmeza de los fallos judiciales.
ESTUDIAR EL EXPEDIENTE
Dijo que será necesario un estudio del expediente para verificar si en este caso la juez actuó con o sin malicia o por error de opinión, afecto o desafecto para alguna de las partes.
LA PRENSA intentó conocer la versión de los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Masaya, de la magistrada Ramos y de la juez Orozco, pero fue inútil por el período de vacaciones de fin de año.
Juez Local revoca sentencia de Tribunal de Apelaciones de Masaya y cancela pago a jubilados del Minsa
Procuradora afirma que juez actuó presionada por magistrada de la Corte Suprema de Justicia
SE QUEJARÁN ANTE LA MISMA CORTE
La procuradora común de los jubilados, Verónica Barrera López, señaló que están preparando una queja formal en contra de la Juez Local Civil de Jinotepe, Fátima Orozco, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Ya apelamos a esa resolución absurda y estamos esperando que el tribunal confirme la sentencia”, dijo Barrera.
