Anne Pérez [email protected]
El alto índice de corrupción en el cuerpo policial nicaragüense es uno de los temas que más preocupa a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
A pesar de que en el 2005 la institución policial es la principal denunciada, con un total de 460 denuncias, los niveles de malas actuaciones podrían ser superiores, indicó el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Omar Cabezas Lacayo.
Las declaraciones del procurador se desprenden de los resultados de varias visitas de fiscalización realizadas en las delegaciones policiales de Ocotal, León, Jinotega, Masaya, Granada, Juigalpa y Puerto Cabezas.
DERECHOS HUMANOS POR EL SUELO
Lo que más le atormenta ver a Yolanda Acevedo, son los casos de violaciones sexuales en contra de menores de edad, los cuales son los delitos más frecuentes en el barrio 18 de Mayo, donde ella habita.
Yolanda es una mujer de piel morena y baja estatura. Ella tiene cuatro años de ser promotora de derechos humanos y su labor voluntaria se enfoca en la capacitación a la población sobre cómo defender sus derechos.
En Nicaragua esa labor es difícil para los promotores, que en muchas ocasiones disponen de su propio dinero para realizar las gestiones en beneficio de la comunidad.
Este es el cuarto año consecutivo en el que se reúnen los promotores de derechos humanos, que a nivel nacional suman más de 300.
Pedro Contreras, asesor jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), explicó que los derechos a la educación, la salud y el derecho al trabajo y las prestaciones sociales, son muy vulnerados por las autoridades gubernamentales.
Agregó que el cumplimiento de los derechos en el país sufre un “empobrecimiento”
violados derechos laborales de mujeres
Un claro ejemplo del irrespeto a los derechos humanos, a juicio de Contreras, es la falta de pago de las prestaciones laborales, sobre todo a las mujeres trabajadoras de las zonas francas y a las trabajadoras domésticas.
La situación de las trabajadoras domésticas es peor. Trabajan más de doce horas, no tienen ningún documento legal de contratación y viven en malas condiciones; y aún no hay suficientes mecanismos para inspeccionar su situación.
Incluso muchas veces los empleadores niegan la relación laboral, agregó el asesor jurídico del Cenidh.
