CSJ promueve impunidad

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CSJ promueve impunidad

	Corte aún no anula sentencia ilegal que permitió salida de la procesada Leyla Bucardo y de los narcodólares
	Bucardo busca legalizar los narco- dólares, botar las investigaciones y liberar a supuesto narco

Carlos Martínez Morán y Mirna Velásquez Sevilla
nacionales@laprensa,.com.ni

La procesada Leyla Bucardo, vinculada a los narcodólares, se pasea libremente por las calles de Managua, sin que ninguna autoridad pueda detenerla.

Este comportamiento tiene su asidero en que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha anulado la sentencia que permitió su excarcelación y la liberación de más de 600 mil dólares de las arcas del Poder Judicial.

A Bucardo y su novio Luis Ángel González Largo les fue incautado en Managua el dinero que trasegaban en una llanta, y sobre ellos penden dos sentencias de prisión que están firmes .

En el Juzgado Primero de Ejecución y Vigilancia Penitenciaria de Managua se tramitó la ejecución de una sentencia firme contra Bucardo, por los delitos de asociación e instigación para delinquir, falsificación de moneda, migrante ilegal, uso indebido de nombre y usurpación de títulos y funciones. En este caso, Bucardo y González fueron condenados a dos años y medio de prisión.

El caso, sin embargo, se encuentra en manos de la CSJ, porque mandó a “arrastrar” el expediente.

Lo anterior ocurrió luego que la abogada Lenina Krupskaya Cerna, sobrina del ex jefe de la desaparecida Seguridad del Estado sandinista, participó en el intento frustrado de liberación de González Largo.

Bucardo también fue condenada por el delito de lavado de dinero, en el 2004. Este expediente está en manos de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones y la sentencia quedó firme después que el abogado Israel Zelaya desistió de continuar con la apelación.

En el Juzgado Séptimo Local Penal de Managua, cuyo titular es Tomás Eduardo Cortés, ex cónyuge de la abogada Lenina Krupskaya Cerna, se tramita otro juicio contra Bucardo por falsificación de documentos públicos y otros delitos.

En este juzgado, a Bucardo le fue impuesta la figura de arresto domiciliar y el juicio está pendiente de realizarse porque ha sido suspendido en dos ocasiones.

SALA CONSTITUCIONAL TRABA

Por falta de voluntad de los magistrados de la CSJ para resolver el caso como debe ser, las investigaciones que realiza el Ministerio Público podrían verse perjudicadas, mientras Bucardo sigue gozando de libertad, amparada en una sentencia irregular emitida por el máximo tribunal.

Dicha sentencia es la misma que redactó el magistrado sandinista Rogers Camilo Argüello y que fue firmada por los miembros de la Sala Constitucional.

Esta sentencia es considerada ilícita, ilegal e inexistente por el mismo presidente de la Sala Constitucional, Francisco Rosales, porque no cumplió con el procedimiento de ley.

LIBERALES JALAN AGUA PARA SU MOLINO

Fuentes sandinistas de la CSJ aseguraron que los magistrados liberales se niegan a firmar dos proyectos de sentencia que circulan en la Sala, para anular el fallo en cuestión.

El objetivo de los liberales, según la fuente, sería el de sacar rédito del caso de los narcodólares y conseguir que se dicte una sentencia en la cual se razone que para que exista el delito de lavado de dinero, éste debe estar vinculado al narcotráfico.

La clara intención de los liberales sería la de sentar un precedente más para favorecer al ex presidente Arnoldo Alemán, procesado por el mismo delito y condenado a 20 años de prisión.

Los dos proyectos de sentencia que circulan a lo interno de la Corte, fueron elaborados por Rosales. En el último se recomienda declarar nulo todo lo actuado, en base a que la queja que originó la polémica sentencia es falsa, debido a que el supuesto recurrente, Javier Antonio López Poveda, nunca presentó tal recurso para favorecer a Bucardo y González Largo.

BUCARDO DICE QUE SE USÓ EL DINERO

Leyla Bucardo se presentó ayer a la sede del Ministerio Público, impugnando de forma absoluta las investigaciones que realiza la institución sobre los 606 mil dólares sustraídos de una cuenta bancaria de la Corte.

Bucardo llegó acompañada de Israel Zelaya Rivas, uno de los abogados que sancionó la CSJ por las irregularidades que cometió en la salida del dinero.

En el escrito que presentó ante el Ministerio Público, la mujer expresa que ni ella ni su novio se sienten ofendidos por la salida del dinero y que por esa razón no ha interpuesto ninguna denuncia.

Señala, además, que los 606 mil dólares no se encuentran perdidos, sino que fueron utilizados por ella misma para honrar compromisos económicos que tenía con los acreedores de la mercadería que le fue decomisada el día que la Policía les capturó, según ella, en San Marcos, departamento de Carazo.

En el escrito también pretende exonerar de cualquier responsabilidad civil, penal o de otra índole, a los jueces, magistrados, abogados, notarios y cualquier otra persona mencionada en lo que ella llama “falsa denuncia pública”.

CULPAN A LOS PERIODISTAS

Según Bucardo, todo lo que se ha dicho alrededor de las irregularidades que se cometieron para la sustracción del dinero, es parte de una manipulación informativa, realizada por algunos medios de comunicación.

La actuación de Bucardo (de presentar el escrito) fue calificada de abusiva, por el fiscal especial Armando Juárez, encargado de las investigaciones.

Para Juárez, con esta acción se está tratando de desviar el rumbo de las investigaciones que el Ministerio Público ha estado realizando.

“Ella dice en el escrito: la plata la recibí yo y la recibí legítimamente porque la sentencia (de la Sala Constitucional de la CSJ), es válida”, destacó Juárez.

El funcionario señaló que en virtud de esta situación, se reunirán de emergencia en el Ministerio Público para adoptar algunas medidas que no quiso revelar, pero que les permitirán realizar acciones de manera definitiva sobre este caso.

De acuerdo con el fiscal, el caso es bien complejo debido a los nuevos elementos que han aparecido a su alrededor. “Porque la pregunta es: ¿quién es el ofendido?

“Los dueños de la plata son ellos (Bucardo y González Largo), pero ahora dicen que no se sienten ofendidos. Lo que pienso es que quieren vaciar la investigación, deshabilitar las pruebas que podamos encontrar a través de esa acción”, dijo.

Explicó que la actuación de la procesada fue bien calculada, y en respuesta a sus maniobras para desvirtuar todo lo actuado en el proceso, el Ministerio Público apresurará las investigaciones y definirá algunas medidas.

De acuerdo con Juárez, mientras la CSJ no revoque la sentencia, Bucardo se seguirá amparando en ella para desvirtuar todo el trabajo de la Fiscalía.

En tanto, la Juez Sexto Penal de Juicio, Miriam Guzmán, aseguró que la Corte no le ha remitido la resolución que sanciona a jueces y abogados, por tanto no puede ordenar todavía la restitución del dinero y girar orden de captura contra Bucardo.

OTRA «JOYITA»

Sergio Ramón Meléndez Aguilar fue quien, utilizando dos poderes falsos, retiró los 606 mil dólares que se encontraban en resguardo en una cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Meléndez Aguilar, además de tener un rosario de antecedentes penales, sobre él pesa una orden de captura dictada en la sentencia número 293 correspondiente al expediente 467-01, emitida por el Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, David Rojas.

En la sentencia, el juez Rojas ordena el arresto y allanamiento contra Meléndez Aguilar, por ser autor, junto a otras personas, de los delitos de estafa y falsificación de documentos públicos en perjuicio de Julio Eduardo González Maradiaga.

Según la sentencia, Meléndez Aguilar participó en la trama para apropiarse irregularmente de un vehículo.

”Existen suficientes elementos probatorios para tener por confirmada la existencia del cuerpo del delito y la responsabilidad de los procesados”, describe parte de la sentencia. Según registros policiales, Meléndez Aguilar tiene antecedentes penales desde 1995.