Magistrados “pactan” por narcodólares

En una rápida sesión de Corte Plena, quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lograron ponerse de acuerdo para dejar caer la responsabilidad de la salida de los narcodólares, en cuatro jueces y dos abogados y excluir a los funcionarios de más alto rango en el Poder Judicial, de la trama que permitió la sustracción ilegal de 606 mil 540 dólares, aunque el abogado Pánfilo Orozco, anterior defensor del reo Luis Ángel González Largo, aduce que son 609 mil.

Al mediodía de ayer, el presidente de la CSJ, Mauricio Martínez Sevilla, dio lectura a la resolución disciplinaria y administrativa, que carece de la firma del magistrado sandinista Rogers Camilo Argüello, uno de los principales implicados.

Tanto los magistrados liberales del Tribunal de Apelaciones de Masaya, como el magistrado sandinista Rogers Camilo Argüello y el liberal Manuel Martínez, fueron obviados completamente en la resolución judicial, pese a que cada uno de ellos tuvo una participación específica en toda la trama urdida y que se siguió paso a paso en distintos tribunales.

En Masaya los magistrados de la Sala Penal de Apelaciones (integrada por tres), entre ellos Antonio Alemán, hermano del ex presidente Arnoldo Alemán, iniciaron la trama jurídica mediante la introducción de un recurso de amparo a favor de González Largo y Bucardo, que concluyó en el Tribunal de Apelaciones de Managua.

“No es que se trate de limpiar a nadie, sino que sencillamente se delega la responsabilidad en el juez ejecutor (…). Lo que él dice para nosotros es verdad”, justificó Martínez Sevilla, al referirse a la participación de los jueces ejecutores en el caso.

La sanción más dura fue impuesta al abogado Israel Zelaya Rivas, suspendido del ejercicio profesional por cuatro años.

Zelaya, al ser consultado, dijo ayer en la tarde que aún no había sido notificado de la decisión ni había tenido tiempo para ver la resolución, por lo que esperará a que sea informado oficialmente, para emitir su criterio al respecto.

La notario Astrid Berenice Bracamonte, otra de las sancionadas, fue suspendida por un año de su carrera, por haber autenticado una fotocopia de un proyecto de sentencia que circulaba en la Sala Constitucional de la CSJ, en el cual se daba orden de libertad para los reos Luis Ángel González Largo y su novia Leyla Bucardo.

Según la resolución de los magistrados, con su actuación Bracamonte permitió el surgimiento de un documento viciado e ilegal que propició la salida del dinero. Este proyecto de sentencia fue redactado por el magistrado sandinista Rogers Camilo Argüello.

La Juez Suplente Penal de Audiencia de Tipitapa, Julissa Carolina Bonilla Martínez, quien falsificó varios poderes para que el dinero fuera retirado de una cuenta de la CSJ en el Banco de la Producción (Banpro), fue retirada del cargo y deberá permanecer al margen del ejercicio de su carrera de abogado y notario por tres años.

Bonilla Martínez restó importancia a la resolución al ser consultada telefónicamente por LA PRENSA.

“No hay ninguna sentencia, ese es un informe y no me han notificado”, se limitó a decir.

José Benjamín Arriaza Larios, Juez Suplente Cuarto Local Penal de Managua, fue destituido de su cargo y estará impedido de ejercer su profesión por año y medio.

Tanto Arriaza como Bracamonte no respondieron a las llamadas telefónicas realizadas para conocer su reacción a la resolución.

Los magistrados también se pusieron de acuerdo para destituir a los jueces suplentes de Managua, Julio Morales Aragón y Moisés Rodríguez Zelaya, y además suspenderlos en el ejercicio profesional por un año y medio.

Morales dijo desconocer el contenido de la decisión de los magistrados y evitó adelantar si utilizará algún tipo de recurso para intentar revertir la sanción en su contra.

Rodríguez Zelaya, por su parte, dijo que no apelará la resolución y sostuvo que todo lo actuado por la Corte Plena es nulo porque aún existe una sentencia en la Sala Constitucional que no ha sido anulada y que valida todo lo actuado por él.

Rodríguez tramitó un recurso de exhibición personal que propició la salida del dinero y la libertad de la procesada Leyla Bucardo, novia del supuesto narcotraficante Luis Ángel González Largo, procesados por lavado de dinero y quienes trasegaban el dinero al momento de su captura.

Aunque en la Sala Constitucional circulan varios proyectos de sentencia para anular el fallo usado para sacar los 606 mil dólares, los magistrados no se han reunido para tomar una decisión definitiva que toque el fondo del caso.

OTRAS RECOMENDACIONEs

Otra de las recomendaciones hechas en la resolución es para el Juzgado Sexto Penal de Juicio de Managua, a cargo de la juez Miriam Guzmán, para que ella ordene la restitución de los fondos retirados y regresen a la cuenta de la CSJ donde se encontraban en el Banco de la Producción (Banpro).

El magistrado Manuel Martínez expresó que las recomendaciones hechas en la resolución deben ser atendidas por el Juzgado Sexto Penal de Juicio de Managua e igualmente la resolución sería enviada a la Fiscalía, para que actúe.

“El juzgado Sexto Penal de Juicio debe devolver las cosas al estado que se encontraban, al declararse nulo todo lo actuado”, declaró Martínez.

Será, entonces, en este mismo juzgado donde tendrá que emitirse una nueva orden de captura contra la procesada Leyla Bucardo, quien está en libertad producto de toda la trama con aparente legalidad.

Sergio Ramón Meléndez Aguilar, quien retiró el dinero en el banco, deberá devolverlo, según explicó el magistrado Martínez, y si no da las explicaciones del caso, tendrá que ser procesado.

“La Fiscalía tiene que tomar esta resolución y dar los pasos que la ley le indica, ¿cuáles? formular una acusación e introducirla en un juzgado por los cargos que ellos crean que existen”, dijo Martínez.

Admitió que para llegar a un consenso, ambas “bancadas de magistrados” en la Corte, cedieron posiciones y aunque los magistrados liberales tenían una postura más dura en cuanto a las sanciones a aplicar, llegaron a un punto de equilibrio.

fiscalía seguirá investigando

Después de concluidas las investigaciones de la CSJ, el caso queda en manos de la Fiscalía, y a su vez sujeta a forcejeos políticos entre liberales y sandinistas.

La Fiscalía considera que la resolución administrativa de la Corte le ha despejado un poco el camino a esa institución en las investigaciones que realiza desde hace meses para determinar las irregularidades que se cometieron en la sustracción de los 606 mil dólares.

El fiscal especial Armando Juárez consideró que la resolución del alto tribunal tiene un carácter administrativo y que si bien implica sanciones para algunas personas involucradas en este caso, no delimita la actuación del Ministerio Público en el proceso investigativo. De tal manera que, independientemente del rango, de la condición o la calidad de los funcionarios señalados en la resolución, el Ministerio Público continuará las averiguaciones y realizará sus valoraciones de los hallazgos a partir de las evidencias encontradas y que determinarán si se sostiene algún cargo en contra de alguno de los implicados, indicó.

Juárez también manifestó que todas las personas que en alguna medida resultaron vinculadas a la sustracción del dinero, serán entrevistadas, incluyendo a los magistrados de la Sala Constitucional de la CSJ y al presidente de ese Poder del Estado, Manuel Martínez.

Pese a que Juárez señaló que la CSJ les ha ayudado un poco con la resolución emitida, manifestó que aún hace falta que se pronuncie sobre el fallo de la Sala Constitucional, el cual considera legal y que podría tener algún efecto negativo a la hora de establecer algún cargo en los tribunales de justicia.

El diputado sandinista Edwin Castro expresó ayer que acordaron que la Comisión de Probidad del parlamento diera seguimiento a la investigación que la Corte ha hecho del caso.

“ En principio respaldamos la decisión que tome la Corte y que aclare de una vez por todas algo que ha sido manipulado de diferentes formas”, declaró.

El legislador descartó que el partido Frente Sandinista vaya a entablar alguna acción legal contra el diputado liberal Wilfredo Navarro, quien acusó a ese partido de usar el dinero incautado al narcotráfico, para financiar la campaña electoral.

“El diputado Navarro lo que quiere es elevar sus acciones políticas. Nosotros no vamos a entrar en el juego. Ya el PLC, de manera oficial, ha sido muy cuidadoso”, agregó Castro. (Con la colaboración de Luis Felipe Palacios).

¿Y LOS US$609 MIL?

La resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordena la restitución del dinero al Juzgado Sexto Penal de Juicio de Managua, de donde salió la orden de salida por parte del ahora destituido juez Julio Morales, y retirado del banco por Sergio Meléndez Aguilar. “El señor Meléndez tendrá que restituir ese dinero, porque los poderes con que lo sacó eran falsos”, dijo el magistrado Manuel Martínez Sevilla, presidente de la Corte.