CARACAS/ AFP
El líder sindical Carlos Ortega, uno de los promotores de la huelga general de dos meses contra el presidente Hugo Chávez, que en 2002 descalabró la economía de Venezuela, fue sentenciado este martes a 15 años y 11 meses de prisión.
Ortega calificó su sentencia en entrevista a la televisora Globovisión como “política”, pero aseveró que enfrentará su condena “con serenidad y gran confianza” en “la unidad del pueblo venezolano que espera salir de esta angustia y tragedia”, que, dijo, es el gobierno del presidente Hugo Chávez.
“Este es un problema de carácter político, y el tratamiento que había que darle era político, no judicial, porque ¿qué elementos existen para sentenciar a Carlos Ortega? Ninguno”, dijo el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV, opositora).
El abogado defensor de Ortega, Carlos Roa, confirmó que el juzgado noveno de Caracas encontró culpable a Ortega de los delitos de instigación a delinquir, rebelión civil y porte de documento de identidad falso, por lo que deberá purgar condena en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques (30 km al suroeste de la capital).
Roa, que calificó de “esperada” la decisión judicial, infiriendo que era previsible por el antagonismo de Ortega con el gobierno de Chávez, denunció que la sentencia fue decidida “por un juzgado que no era el natural” del opositor, por lo que, aseguró, apelará la decisión.
Por los lapsos legales, la apelación podría ser presentada en enero, estimó el abogado de Ortega, quien en representación de la CTV, y junto al entonces presidente de la cúpula empresarial Fedecámaras, Carlos Fernández, fue cabeza visible del paro de diciembre de 2002 a febrero de 2003, que llegó a colapsar el pulmón económico del país, la industria petrolera.
Según el gobierno, las pérdidas por el paro, que buscaba la renuncia del presidente Chávez, fueron de más de 14,000 millones de dólares.
Roa aseveró que el tribunal “no tomó en cuenta ninguna de las pruebas de la defensa”.
“No hubo rebelión, porque ese delito tiene unos parámetros muy específicos, la rebelión es un delito colectivo, y aquí se juzgó exclusivamente a Carlos Ortega”, agregó el abogado.
Una de las consecuencias de la sentencia es también la inhabilitación política de Ortega, por lo que perdería la presidencia de la CTV, aunque todavía “ésta no es una decisión definitiva” porque falta el proceso de apelación, advirtió Roa.
