Carlos Martínez Morá[email protected]
El juez ejecutor Benjamín Arriaza Larios, cuestionado por haber introducido testimonios de policías fantasmas en el informe que presentó ante el Tribunal de Apelaciones de Masaya, aseguró ayer haber obviado los nombres de estas personas porque, supuestamente, éstos no quisieron identificarse. Y si ellos no querían dar sus nombres, no los podía obligar.
Arriaza Larios fue entrevistado ayer por el fiscal especial Amando Juárez, como parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público sobre la pérdida de los 609 mil dólares que fueron sustraídos de la cuenta bancaria de la Corte Suprema de Justicia.
Señaló que en la entrevista le dijo a la Fiscalía únicamente lo que plasmó en el informe que presentó ante el Tribunal de Apelaciones de Masaya y que nunca promovió la excarcelación de Leyla Bucardo, de Luis Ángel González Largo y la desaparición del dinero.
“Yo no he ordenado ni liberar a los reos, ni liberar el dinero ni mucho menos he resuelto sobre la detención de ellos. Eso es lo mismo que le manifesté al fiscal”, dijo ayer al momento en que salía del Ministerio Publico.
Pero cuando le preguntaron el por qué no identificó a los policías que le habrían asegurado que González Largo y Leyla Bucardo habrían sido capturados en San Marcos, Carazo, éste se limitó a decir que no los podía obligar a que le dijeran sus nombres.
Pero según la Fiscalía, el doctor Arriaza no sólo habría introducido en este informe un elemento difícil de confirmar, sino que también se habría extralimitado en sus funciones, al haber entrevistado a unos policías que no estaban autorizados para brindar información.
El doctor Armando Juárez indicó que los elementos de falsedad que proporcionó el juez Arriaza en su informe fue parte de la estrategia que se organizó para que se nombraran a los jueces ejecutores y que el proyecto de exhibición personal a favor de Leyla Bucardo y de González Largo culminara en la sentencia que la Corte Suprema de Justicia emitió a favor de las personas que fueron procesadas por el delito de lavado.
