Debora [email protected]
Roman, Times, serif»>Caribean notebook
Sin saber qué hacer
Debora Robb
[email protected]
El inglés es idioma nacional y cuando uno se refiere a la educación bilingüe también debe referirse a la educación “multicultural”, dijo Alice Slate, de USAID. La observación es pertinente cuando escala la discusión sobre la demarcación de tierras comunales en las regiones autónomas porque nos están dando “un hard time”, dice Nora Magdalena Newball, del Creole Community of Bluefields. Si se han demorado para llegar a Managua a reclamar sus “25 por cientos” de los ingresos de los impuestos regionales, es porque “no sabíamos lo que estábamos haciendo”.
Newball es miembro fundadora de la Escuela Comunitaria El Verbo en el barrio 19 de Julio. Ahora es miembro “electa” —enfatiza—, del Gobierno Comunal de Bluefields y en los dos años y medio “ha sido una larga cadena de permisos y licencias”. Estamos legales, dice con alivio, pero hace falta una “audición histórica” desde las titulaciones “reales” anteriores a la Anexación de la Mosquitia, hasta las que se “continúan a emitir arbitrariamente” en las oficinas del Registro de la Propiedad en la sede regional. Los abogados cobran mucho por poco trabajo, lo que ha hecho muy confuso todo el panorama legal sobre quién es dueño de qué en territorio criollo.
“El asunto de fondo es que los creoles, o sea, los afrodescendientes, somos los únicos que tenemos títulos de propiedad anteriores a 1894 en la región y ha prevalecido la tradición de no vender lo que uno ya tiene”. Entretanto hay una enorme cantidad de privados ostentando títulos supletorios adquiridos en los últimos 30 años.
El Consejo no tiene fondos para su investigación, pero se refiere al primer reclamo y titulación de tierra de 1841, que designa a 85 individuos y, por la historia oral, a 500 familias. En 1915, la llamada Comisión de Charlkley entregó unos 30 títulos colectivos de tierra a comunidades indígenas y creoles, y centenares de títulos individuales.
Por el tiempo, no se atendió a los títulos colectivos con tamaños de 100 a 3,000 hectáreas que los afrodescendientes de Bluefields volvieron a presentar a la Comisión Tituladora de Tierras en 1914, para la parte norte de la Isla del Venado, y la región comprendida entre el río Escondido y río Kukra. Comprende un área de más de un millón de hectáreas según los diagnósticos preliminares del Gobierno Comunal de Bluefields.
Desde el 3 de noviembre del 2005, Alberto Espinoza Archibold, representante legal de la comuna, envió solicitud a la Comisión Interinstitucional de Demarcación de Tierras de la RAAS para que se le incluya dentro del plan y presupuesto nacional destinados a la presente campaña. “No nos están dando importancia”, dice, Espinoza, pero “todos nuestros documentos están debidamente sellados como manda la ley; nos cuesta, pero estamos siguiendo el proceso”.
Kelya Acevedo Welcome, fiscal del gobierno comunal y funcionaria del gobierno regional, dice que “en este momento hay que recordar que los afrodescendientes fuimos los únicos que no votamos por la división de los gobiernos entre el norte y el sur. A mí me gusta leer y me gusta escribir también”, dice Acevedo, graduada de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU). “Las autoridades regionales no hablan en el nombre de nosotros”, agrega.
