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Asesina atroz en lista de indultos
Elízabeth Romero
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Karelia del Carmen Castellón Rivera, condenada a 30 años de prisión junto a Jonathan Huberth Zapata Calderón, por el asesinato atroz del empresario Douglas Guerrero Castellón, está en la lista de 132 reos comunes a quienes el parlamento nicaragüense les concedió el beneficio del indulto, durante la presente semana.
El crimen que estremeció a la ciudadanía fue cometido por la pareja en marzo de 1998, en residencial Linda Vista.
Douglas Guerrero Guillén, hijo de la víctima, criticó que pese a que han remitido comunicación a los diputados que integran la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, para evitar que incluyeran a esa interna en la lista de indultos, sus planteamientos fueron ignorados.
“Están dejando libre a una persona muy peligrosa para la sociedad”, refirió Guerrero Guillén, quien solicitó al presidente Enrique Bolaños que excluya de la lista a Castellón.
Una vez que los indultos son aprobados en la Asamblea Nacional, el presidente tiene 15 días para sancionarlos, por lo que Guerrero conserva la esperanza de que haya un veto parcial a los indultos.
Karelia Castellón y Jonathan Huberth Zapata Calderón golpearon a su víctima con un bloque de concreto, después lo remataron con dos puñaladas en la frente y luego lo incineraron.
Zapata fue quien confesó en los tribunales y Castellón se abstuvo de declarar en su contra. El relato de Zapata, quien era compañero de Castellón, fue estremecedor al afirmar que bebió de la sangre de su víctima como parte de un ritual satánico y esparció piezas de la ropa ensangrentada de Guerrero en los predios de la llamada casa embrujada, ubicada en la Carretera Sur.
Castellón lleva casi ocho años interna en la Cárcel de Mujeres La Esperanza. En el año 2000 su incorporación en el listado de indultos fue causa de debates en la Asamblea Nacional y no recibió ese beneficio.
OTROS NOMBRES
En el listado aprobado por la Asamblea Nacional, está el de Edmundo Guerrero Rivas, más conocido como “Cementera”, también condenado a 30 años de cárcel por el asesinato del matrimonio Arévalo-Lara, propietarios de la Distribuidora San Sebastián, el 25 de agosto de 1996, en el kilómetro 22 de la carretera que conduce de Managua a El Crucero.
En la propuesta de indultos la Comisión de Derechos Humanos del parlamento estimó que estas personas beneficiadas “no representan mayor peligrosidad para la sociedad, ya que el tiempo de privación de libertad les ha ayudado a reflexionar de su error”.
