- Abogado considera que hay que estudiarlo
Luis Felipe [email protected]
El abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, sugirió ayer al presidente Enrique Bolaños revisar minuciosamente el contenido del nuevo Código Penal Militar, antes de sancionarlo.
La observación de Álvarez surge tras el comentario del penalista Sergio Cuarezma, quien interpretó que la legislación penal militar evitará que el Ejército de Nicaragua se involucre en los conflictos políticos e institucionales.
“El Ejército es un instrumento que se utiliza con criterios políticos para resolver problemas políticos”, argumentó Álvarez.
“El Ejército no es el Cuerpo de Bomberos, el cual se utiliza para apagar un incendio, sino un instrumento que está íntimamente vinculado con los intereses más generales de la nación, es decir con la política pura y dura”, añadió.
¿EJÉRCITO DELIBERANTE?
A juicio de Álvarez, el Ejército debe responder a decisiones políticas del Presidente de la República de turno, no a su propia interpretación.
“Si le quitamos al Presidente la potestad de interpretar políticamente, dentro del marco constitucional cuándo utilizar al Ejército, se terminó y se acabó el principio de subordinación de la autoridad militar a la autoridad civil, ejercida por el Presidente o por el Ministro de la Defensa”, advirtió.
Álvarez se preguntó, por ejemplo, quién decidirá si el Ejército sale a las calles cuando el desorden interno rebasa la capacidad de la Policía.
“Si se deja en manos del Ejército, significaría que el Ejército deja de ser no deliberante y se convierte en el gran tomador de decisiones políticas, algo peor todavía”, agregó.
¿“MALICIA DEL PACTO”?
Para el jurista, detrás del Código Penal Militar se puede esconder una intención de los diputados sandinistas y liberales de querer despejar el camino cuando las reformas constitucionales, que restringen facultades al Ejecutivo, entren en vigencia.
“El parlamento no quiere que vuelva a ocurrir lo de Telcor, entonces está distorsionando y menoscabando las autoridades legítimas constitucionales del Presidente”, señaló.
A su juicio, el Código Penal Militar “en el fondo significa irle restando facultades al Presidente de la República o por lo menos ir haciendo disposiciones que permitan interpretaciones confrontadas”.
Álvarez advirtió, por tanto, lo “peligroso” que puede ser quitar esa facultad al Presidente de la República y más aún si se deja a interpretación de los legisladores o en la decisión del Ejército.
QUE EL PRESIDENTE MANDE
“Lo idóneo y lo adecuado es que sea el Presidente el que tome la responsabilidad política de decidir cuándo el Ejército debe actuar y con qué alcance”, dijo.
El jurista explicó que el hecho que se deje en manos del Presidente de la República el decidir cuándo utilizar al Ejército, no significa que lo hará fuera de lo que establece la Constitución.
“Si el Presidente de la República se extralimitara y abusara de su poder o cometiera cualquier otro ilícito más o menos grave, puede ser juzgado”, dijo.
SUTILEZA
“Los legisladores andan dictando leyes que de manera más o menos sutil y más aún después de la Ley Marco, porque antes de esa ley era de manera descarnada…, pero en el fondo significa irle restando facultades al Presidente”, dijo el jurista Gabriel Álvarez.
