- Ex ministro Guerra señala las pugnas políticas como factor
Ludwin Loáisiga Ló[email protected]
El ex ministro de Defensa, José Adán Guerra Pastora, advirtió ayer que las pugnas políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo han descuidado el establecimiento de estrategias que contribuyan a profundizar la profesionalización de las instituciones del sector de la defensa, y la subordinación militar a la autoridad civil.
“Bajo el argumento de la alta sensibilidad de los temas y las razones de seguridad nacional, se ha venido consolidando en nuestro hemisferio un fuerte nivel de autonomía del sector defensa, en comparación a los demás ámbitos de la gestión gubernamental, lo cual excluye a importantes segmentos de la sociedad del proceso decisorio y de la fiscalización en la materia”, señaló Guerra.
El ex ministro de Defensa añadió que si bien la subordinación civil, como principio de legitimidad y de legalidad, es fundamental, no son suficientes para profundizar la profesionalización de estas instituciones.
“La poca capacidad para comprender que los asuntos de la defensa son estratégicos y tienen que estar alejados de cualquier consideración político-partidaria, han convertido estos temas en un aspecto más de la agenda política, sujeto a los vaivenes de una inestable relación entre el Ejecutivo y el Legislativo”, dijo Guerra.
En su análisis, Guerra resumió otros obstáculos a ese proceso de profesionalización del sector defensa que en el caso de Nicaragua se inició hace 15 años, recordando que en principio, los militares se mostraron reacios a la transferencia de competencias a las autoridades civiles.
No obstante, Guerra destacó que “cuando de algún modo” ese obstáculo se fue superando, los civiles se encontraron con una clase política no preparada, poco capacitada para comprender los asuntos de seguridad y defensa.
RESPONSABILIDAD DE CIVILES
Guerra señaló que aunque el Ministerio de Defensa ha realizado esfuerzos por preparar a su personal, “en la actualidad subsisten circunstancias adversas”.
“El excesivo nivel de prioridad con que han sido abordados los temas económicos y sociales en detrimento de otros aspectos de interés nacional, ha opacado el valor estratégico de la defensa”, sostuvo Guerra.
“… Conciente o inconcientemente, las autoridades civiles hemos sido responsables al dejar los asuntos de la defensa bajo la administración de los militares”, sentenció Guerra.
Guerra añadió que “esta dificultad muy común en todos los países de la región, es una consecuencia natural del poco interés social por los temas de la defensa, en gran medida porque éstos no tienen público y, en consecuencia, no generan ningún rédito político ya que no producen votos”.
Mejorar modelo de relaciones civiles-militares
El ex ministro de Defensa indicó que “repensar el andamiaje legal de la defensa es una labor pendiente”, en la que se hace preciso un trabajo mancomunado entre el Ejecutivo y el Legislativo y no un manejo de agendas paralelas.
“Cuando el Ejecutivo ha logrado promover los temas de la seguridad y la defensa como parte de la agenda parlamentaria, en muchas ocasiones éstos se han confundido con intereses y conflictos ajenos al sector, sometiéndolos a una politización innecesaria por parte de ambos poderes”, indicó.
Por su parte Javier Meléndez, estudioso de los temas de defensa, resaltó el peligro que se corre con la militarización de las políticas de seguridad interna.
“Es peligroso en la medida que los ejércitos empiecen a desarrollar funciones que no les corresponden”, enfatizó Meléndez.
“Las autoridades cada vez más piensan que la Policía siempre es rebasada en sus capacidades, entonces se da el fenómeno de que hay más participación de los militares”, apuntó Meléndez.
Ayer, Guerra participó junto a analistas del área y diputados de Nicaragua y El Salvador, en un foro organizado por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), en el cual se analizó la situación de la violencia y del sector defensa en el istmo.
EL NEGOCIO DE LA VIOLENCIA
Al abordar el tema de la violencia en la región, en el foro promovido por el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, el analista del Centro de Estudios de Guatemala, Sandino Asturias Valenzuela, calificó ese fenómeno como un «negocio».
«La venta de armas y municiones es un negocio lucrativo, no tiene restricciones para comprar. Para dar un ejemplo, actualmente la legislación (de Guatemala) permite comprar hasta 500 municiones diarias por arma con licencia, entonces no hablamos de seguridad personal, sino de un negocio, porque ¿quién puede comprar tanta cantidad de munición si no es el crimen organizado o la delincuencia común?», indicó Asturias Valenzuela.
Mientras, Carlos García, miembro del equipo Sociedad Sin Violencia y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de El Salvador, señaló que en un estudio efectuado en el 2003, se descubrió que el costo de la violencia fue de un mil 717 millones de dólares, que cubre el 11.5 por ciento del Producto Interno Bruto de esa nación.
El ex ministro de Gobernación de Nicaragua, Eduardo Urcuyo, dijo que el sistema judicial forma parte del círculo vicioso que fomenta la proliferación de la violencia en la región.
«La mayor inseguridad ciudadana en nuestro país es el sistema de justicia», dijo Urcuyo.
En el foro auspiciado por el IEEPP se destacó la necesidad de una mayor fiscalización del sector seguridad y defensa, tanto por parte del Legislativo como del Ejecutivo, así como de un mayor involucramiento de la autoridad civil en las políticas sobre esta materia.
