- Fiscalía los congeló
Jorge Loáisiga [email protected]
PANAMÁ.- El Gobierno de Panamá solicitó a Nicaragua, desde mayo pasado, una nueva asistencia judicial para investigar el caso de la simulación de una deuda que hizo el entonces reo Byron Jerez Solís y su esposa Ethel González, en el 2002, para “salvar” unos tres millones de dólares que tenían en un banco de Panamá.
Sin embargo, la Fiscalía panameña logró identificar la operación fraudulenta y congelar los fondos justo antes de que los cheques fueran entregados a los representantes de Jerez, que en el juicio aparecían como sus “demandantes”.
A la señora González de Jerez, junto a un grupo de abogados panameños, se les imputa el delito de falsificación de documentos en general.
El dinero estaba en el Banco Continental, a nombre de la Fundación Democrática Palma Real, y las representantes de esa sociedad ante el banco eran González y su hija Valeria Jerez.
La simulación de la deuda se dio entre mayo y junio del 2002, cuando el Gobierno de Panamá, atendiendo una solicitud de asistencia judicial del Gobierno de Nicaragua, ya había ordenado el congelamiento de las cuentas de Jerez y otros ex funcionarios de Nicaragua.
LA SIMULACIÓN
Para sacar los tres millones de dólares, Jerez, a través de su esposa y el abogado Hans Malek, quien representaba a la sociedad denominada Grupo Santa Marta S.A., simularon un juicio ejecutivo de acción de pago contra la Fundación Democrática Palma Real y la sociedad Zico Holding Ltd., (en ambas socio Jerez), por 4.45 millones de dólares.
Los “demandantes” presentaron como “pruebas” un título ejecutivo de cuatro letras de cambio por valor de 1,125,500 dólares cada una, las cuales fueron firmadas por el “representante legal” de las sociedades demandadas, el panameño José Augusto Santana, presuntamente el 15 de diciembre de 2001 y autenticadas por la Notaría Quinta de Panamá ese mismo día.
Pero las investigaciones de la Fiscalía panameña determinaron que el 15 de diciembre de 2001 fue sábado, “día en que ordinariamente los despachos notariales están cerrados”.
Es así como el Juzgado Séptimo Civil decreta el embargo sobre las cuentas bancarias de las mencionadas sociedades (que realmente pertenecían a Jerez) por más de cinco millones de dólares y remite el oficio, documento que en realidad era una copia simple en la que no se identificaba ni la fecha ni la identidad del destinatario, sin embargo, su texto comunica el embargo decretado con el propósito de que se pusieran a disposición del juzgado las sumas de dinero señaladas.
El banco libró dos cheques, uno por 2.5 millones de dólares a nombre de Inversiones Punta Barc, S.A., y otro a nombre de Tudor Clarkson Maritime Corp., por aproximadamente medio millón de dólares, pero las autoridades panameñas rastrearon los fondos y los lograron congelar.
“Es así que de lo analizado se aprecia la comisión de actos simulados tendientes a falsear la verdad sobre hechos no acaecidos, como lo es la supuesta existencia de un crédito entre las empresas Fundación Democrática Palma Real S.A., Zico Holding Ltd., y el Grupo Santa Marta S.A., con el propósito de simular una deuda a fin de liberar el plazo fijo en un tiempo récord de cuatro días a través de los tribunales de justicia, la suma de dinero que en su momento se encontraba en una cuenta de depósito a plazo fijo y la cual había sido objeto de cautelación por parte de las autoridades del Ministerio Público, en este caso la Fiscalía de Drogas”, dice el informe de la Fiscalía panameña.
Agrega que “la participación de la señora Ethel González de Jerez, dentro de las maniobras intencionales tendientes a ocultar depósitos bancarios que se encontraban en un depósito a plazo fijo en el Banco Continental es clara; la misma funge como firmante del plazo fijo a nombre de la Fundación Democrática Palma Real, el cual quería ser objeto de traslado y para ello utilizaron otra sociedad, el Grupo Santa Marta S.A.”
ABOGADO LOS HUNDE
El abogado panameño Víctor Martínez, declaró en la Fiscalía de Panamá, que “a principios de junio de 2002, se presentó a nuestras oficinas la señora Ethel González, con la finalidad de solicitar nuestros servicios profesionales, ya que ella estaba por recibir un dinero producto de proceso civil que estaba presentando en el Juzgado Séptimo de Circuito Civil y que ella quería que nuestra firma la asesorara en una serie de inversiones. Ella le indica al licenciado (Guillermo) Chochez que ella era dueña de las acciones de la Fundación Santa Marta, que era la demandante en el proceso civil”.
El abogado también presentó el acta de una supuesta reunión extraordinaria de accionistas del Grupo Santa Marta que convocó González en las oficinas de la firma de abogados González, Sánchez y Villa, como poseedora de las dos acciones al portador de dicho grupo y allí se decidió autorizar a Hans Malek para que firmara toda la documentación.
