- Magistrados siguen dándole largas al caso de los “narcodólares”
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Juzgado debe devolver U$S609 mil
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Magistrados siguen dándole largas al caso de los “narcodólares” |
Mirna Velásquez Sevilla
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El proceso de devolución de los 609 mil dólares que fueron sustraídos ilegalmente de las arcas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) iniciará en el Juzgado Sexto Penal de Juicio, donde el juez Julio Morales dio la orden de salida del dinero, informó ayer el magistrado Manuel Martínez Sevilla, presidente del Poder Judicial.
Aunque la restitución del dinero parece estar lejos de hacerse realidad, el magistrado Martínez dijo que en la sentencia que próximamente dictará la Corte Plena, ordenarán a ese juzgado que revoque la decisión tomada por Morales.
“El juzgado que emitió la orden tiene que deshacer lo ordenado y seguir todos los procedimientos legales para que el dinero regrese”, afirmó Martínez.
FISCALÍA PUEDE ACUSAR A MAGISTRADOS
El magistrado agregó que no existe ningún impedimento para que la Fiscalía o “alguien” que esté facultado por la ley, enjuicie e investigue a funcionarios de mayor rango en el Poder Judicial, que puedan estar involucrados en el caso.
El magistrado Rogers Camilo Argüello y el mismo Martínez resultaron mencionados en el escándalo; el primero por haber incurrido en supuestas irregularidades en el proceso de formación de una sentencia para favorecer a Luis Ángel González Largo también identificado como Jorge Eliécer González, y su novia Leyla Bucardo. Martínez firmó el cheque que fue hecho efectivo por Sergio Meléndez.
“Si alguien con facultades conforme a la Constitución y las leyes quiere enjuiciar e investigar a magistrados y jueces, lo puede hacer, nadie está diciendo que no lo haga. Lo que sucede es que nosotros dentro del régimen interno del Poder Judicial dijimos, bueno, aquí están abogados y notarios y jueces que están bajo el control nuestro, investiguemos a ver si es cierto. Esa es la resolución que va a salir”, expresó.
“La ley faculta a la Fiscalía para seguir las investigaciones que ella quiera y contra quien quiera. Lo que pasa es que no se ha focalizado con objetividad la actuación nuestra, nosotros hemos actuado desde el punto de vista administrativo disciplinario, no hemos estado buscando determinar si hubo delito o no, nosotros estamos juzgando la actuación de los jueces y abogados que están bajo el control de la Ley de Carrera Judicial y el régimen disciplinario nuestro”, añadió Martínez.
La magistrada Alba Luz Ramos, una de las integrantes de la comisión que investigó la trama que con apariencia de legalidad permitió la liberación del dinero, coincidió con Martínez en que cualquier instancia competente puede investigar a los magistrados implicados.
La Corte Plena, que estuvo sesionando durante toda la semana, no logró emitir ayer una resolución definitiva del caso, pese a que se esperaba que la tarde de ayer llegaran a un consenso.
SANCIONES Y DESTITUCIONES
El primer magistrado judicial confirmó, además, que se aplicarán sanciones y destituciones para los jueces involucrados, así como la suspensión de los abogados y notarios que resultaron implicados, hasta por cinco años.
Entre los funcionarios castigados están los jueces Julissa Carolina Bonilla, Julio Morales, Moisés Rodríguez Zelaya y Benjamín Arriaza. En cada caso, los magistrados valoran por cuánto tiempo estarán privados de ejercer su profesión como abogados.
Asimismo, se establecen sanciones para el abogado Israel Zelaya Rivas y la notario Astrid Berenice Bracamonte, que también participaron en toda la trama.
La magistrada Ramos informó que el expediente de las investigaciones ya está cerrado y no existe ningún otro elemento que pueda ser incorporado, al referirse a un escrito que la procesada Leyla Bucardo introdujo el 23 de noviembre pasado para favorecer a su ex abogado Israel Zelaya.
“Eso no tiene ninguna importancia, ninguna relevancia, porque ya el expediente está cerrado y no se puede introducir nada”, aseguró.
Ramos agregó que hubo un primer proyecto de resolución de la comisión investigadora que no reunía todas las firmas para que adquiriese el carácter de sentencia, y sobre ese proyecto de informe estuvieron discutiendo y conversando anteayer para llegar a un informe de unanimidad.
Dijo que a eso del mediodía del jueves todos los magistrados llegaron a un acuerdo final, sin embargo en el transcurso de la tarde no dictaron ninguna sentencia.
El magistrado Francisco Rosales, presidente de la Sala Constitucional, adelantó que existe consenso a lo interno de esa sala, para que sea declarado nulo el recurso de queja que dio origen a la falsa sentencia que permitió la salida del dinero.
La base de la decisión está en que el recurrente no existe y por ende el recurso tampoco.
