Anne Pérez [email protected]
El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, fue acusado ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) por supuestos actos ilegítimos para adueñarse y repartir una propiedad en Malacatoya.
La denunciante es Jacqueline Paladino, quien explicó que Martínez dio prestados 20 mil dólares con una tasa del tres por ciento de interés mensual a Edgard Orozco Membreño, ex esposo de Paladino y cuñado de Martínez, pero la garantía del préstamo es la hipoteca de 84 manzanas de tierra, propiedad de dos hijos menores del matrimonio Orozco Paladino.
Posteriormente, Paladino interpuso una demanda en contra de Orozco y de Martínez, porque aparentemente la documentación en la que se acredita a Orozco como representante de los menores es falsa.
Pese a eso, Martínez requirió a Orozco para que le pagara la deuda contraída. Y el segundo se presentó ante el Juzgado Civil de Granada, donde introdujo un documento en el que solicita que se subaste la propiedad para pagar la deuda y que le regresen el remanente de la venta.
PROBLEMA DE FAMILIA
Al ser consultado, Martínez declaró desconocer la acusación y dijo que ese “es un problema de familia, del hermano de mi esposa”.
Paladino sostuvo que “el magistrado (Martínez) ha usado su influencia para estancar el proceso, y se confabuló para repartirse las ganancias de la propiedad (estimada en unos 150 mil dólares). Me siento indefensa ante su poder e influencia”.
Norwin Solano, asesor legal del Cenidh, explicó que hay un retraso en la justicia porque la demanda de Paladino fue introducida hace más de dos meses, y aun no ha obtenido respuesta.
“Tememos que el caso quede en impunidad, porque el magistrado actúa por encima de la ley”, dijo Solano.
