- En caso de juicio a Alemán en Panamá
Carlos Martínez Morá[email protected]
La discusión sobre a qué institución le corresponde tramitar las solicitudes de asistencia legal mutua ha generado criterios encontrados entre el Procurador General de la República, Alberto Novoa y el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez.
Este tratado en materia penal fue firmado el 28 de octubre de 1993 por los gobiernos de los países de Centroamérica, incluyendo a Panamá.
El espíritu del mismo es que los países firmantes pudiesen ayudarse de manera mutua, dentro de los parámetros establecidos en los hechos punibles cometidos por habitantes de la región centroamericana.
La discrepancia sobre la institución que tiene facultades en Nicaragua para realizar este trámite surgió después que las autoridades panameñas solicitaron al Estado nicaragüense asistencia legal para comunicarle al ex presidente Arnoldo Alemán sobre el proceso judicial que existe en contra de él y varios de sus allegados en este país.
El doctor Novoa aseguró ayer que de acuerdo al tratado es a la Procuraduría General de la República (PGR) a la que le compete realizar este trámite.
Sin embargo, el Fiscal General, Julio Centeno Gómez, sostiene que esas facultades le corresponden a la Fiscalía por decisión de la Asamblea Nacional que aprobó la Ley Creadora del Ministerio Público.
NOVOA INSISTE
Según Centeno, antes de esa modificación, las facultades en materia penal eran parte de las atribuciones de la PGR. “Pero después que el parlamento modificó su funcionamiento mediante ley esas facultades le fueron trasladadas al Ministerio Público”, señaló.
No obstante, Novoa ripostó que asegura que el Legislativo no ha quitado a la PGR esa facultad y por tal razón esta institución sigue siendo la autoridad central, a quien le corresponde tramitar cualquier solicitud de asistencia mutua.
