C. Michael Carter
Recientemente, LA PRENSA se refirió a una encuesta, en la que los nicaragüenses expresaron sus dudas con respecto al sistema judicial. Numerosos informes del gobierno de EUA, organizaciones independientes y los medios reconocen la debilidad, politización y corrupción del Poder Judicial nicaragüense.
La politización y la corrupción del sistema judicial de Nicaragua han sido continuamente demostradas en los juicios promovidos por personas que alegan fueron afectadas por el DBCP (Nemagón). En esos juicios, los demandantes impunemente han presentado pruebas médicas y testimonios falsos y han recibido alrededor de mil millones de dólares por sentencias fraudulentas contra varias multinacionales, incluida Dole Food Company, Inc. Aunque Dole ha hecho todos los esfuerzos para revelar este fraude, los tribunales nicaragüenses sistemáticamente le han negado a Dole una oportunidad justa para defenderse.
Estos juicios se tramitan bajo la Ley Especial 364, una ley inconstitucional que condena a compañías específicas y les niega el debido proceso y una oportunidad justa para defenderse. La Ley 364 crea un entorno donde la corrupción judicial prospera a niveles nunca antes vistos en Nicaragua y que es abiertamente hostil hacia las empresas extranjeras. El Departamento de Estado de EUA ha citado a la Ley 364 como barrera al comercio en Nicaragua.
La Ley 364 establece que los casos serán devueltos a los Estados Unidos si no se cumple el requisito de la fianza inicial. Ni un solo tribunal nicaragüense ha acatado esta disposición. Hay sentencias por varios cientos de millones de dólares basadas en pruebas de laboratorio que son insuficientes o fraudulentas. Algunos demandantes no han presentado ningún resultado de laboratorio y recibieron millones de dólares. Se ha demostrado que la mayoría de los hombres que alegan esterilidad tienen varios hijos.
Dole y otros inversionistas extranjeros no pueden volver a Nicaragua hasta que haya nuevamente un Estado de Derecho y hasta que el fraude endémico de las demandas del DBCP sea rechazado por el Poder Judicial y el Gobierno de Nicaragua.
