- Director del Ministerio de Gobierno y Justicia panameño declara ilegal la devolución del expediente Alemán
- Centeno responde que reacción de Panamá es “airada y violenta”
Mirna Velásquez Sevilla yCarlos Martínez Morá[email protected]
La negativa de la Fiscalía General de la República a notificar al ex presidente Arnoldo Alemán del juicio que por blanqueo de capitales se abrió en Panamá, irritó al director nacional del Ministerio de Gobierno y Justicia de ese país, Edwin A. Aldeano, quien envió una carta al fiscal general Julio Centeno Gómez, calificando de “ilegal” la actuación de dos funcionarias que viajaron hasta Panamá para devolver las diligencias del caso.
La secretaria ejecutiva del Ministerio Público de Nicaragua, Delia Rosales Sandoval y la fiscal departamental de Managua, María del Carmen Solórzano, viajaron el ocho de noviembre pasado hacia el país canalero para devolver las diligencias que las autoridades panameñas habían enviado a Nicaragua para notificar a Alemán del juicio en su contra, en base al Tratado de Asistencia Legal Mutua (TALM) suscrito por ambas naciones.
El argumento de la Fiscalía nicaragüense es que cualquier ayuda de asistencia legal deberá ser solicitada al Ministerio Público y no a la Procuraduría General de la República, como ocurrió.
La Fiscalía nicaragüense se ha negado a cooperar con la solicitud de asistencia legal hecha por Panamá, para notificarle al ex mandatario si se admite la acusación en su contra.
El próximo 23 de noviembre se realizará la audiencia preliminar en la que se decidirá si se abre el juicio en contra de Alemán y siete de sus allegados. Todos son acusados de delito contra la economía nacional (blanqueo de capitales) porque supuestamente usaron el sistema financiero de ese país para blanquear capitales, por el orden de 74.7 millones de dólares.
“Sin reconocerle ningún tipo de legalidad a la notificación judicial realizada por sus funcionarias en la Dirección Nacional del TAML, me voy a permitir desmentir cada punto de sus señalamientos, fundamentado en las normas del Derecho Internacional Público que rigen el marco legal en materia de asistencia legal mutua penal entre dos países”, describe la parte introductoria de la misiva de Aldeano.
Después de una cátedra escrita al fiscal Centeno, Aldeano recalcó que es fácil advertir su falta de voluntad en cooperar con las autoridades judiciales de Panamá, y llamó “falsos” las afirmaciones de la Fiscalía nicaragüense para negarse a notificar a Alemán.
“El suscrito director nacional de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y Cooperación Internacional del Estado panameño (…) declara como ilegal la práctica de diligencia judicial realizada en Panamá por las funcionarias del Ministerio de la República de Nicaragua”, describe el primero de cinco puntos concluidos por Aldeano.
INSISTIRÁN CON PGR
La misiva del funcionario panameño indica, además, que continuarán remitiendo las solicitudes de asistencia internacional a la Procuraduría General de la República (PGR), hasta tanto el Gobierno de Nicaragua no formalice el cambio de autoridad central, como lo establece el mismo Tratado de Asistencia Legal para Asuntos Penales suscrito por los estados centroamericanos.
La carta fue también puesta en conocimiento de la Juez Tercera del Circuito de lo Penal, Geneva Aguilar de Ladrón de Guevara; la Sala Cuarta de Negocio General de la Corte Suprema de Justicia de Panamá; del Ministerio Público del mismo país, la Fiscalía Primera Anticorrupción y la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería panameña.
FISCAL REACCIONA
La carta que envió el Ministerio de Gobierno y Justicia de Panamá fue calificada de airada y violenta, por el fiscal Julio Centeno Gómez, quien también señaló que ayer mismo procedió a contestar los señalamientos que le expresan en la misiva.
Centeno informó que en el primer punto de la carta, aclara que las funcionarias del Ministerio Público no fueron a realizar ante el director nacional Edwin A. Aldeano ni ante otros funcionarios de Panamá, ninguna diligencia de carácter judicial, sino más bien un trámite administrativo.
“Fueron a devolverle un expediente, porque bien hubiésemos podido hacer como en otras oportunidades. Lo hubiéramos mandado por DHL. Sin embargo, pensamos que era mejor llevárselo a él”, dijo.
Agregó que en la carta de respuesta a Aldeano, indicó que si él insiste en seguir tramitando la asistencia legal a través de la Procuraduría General de la República de Nicaragua, además de estar actuando en contra del orden legal establecido, se va a encontrar siempre el criterio de una Corte Suprema de Justicia (CSJ) que reconoce al Ministerio Público como la autoridad a donde deben ser remitidas las diligencias sobre asistencia legal.
LOS “ARGUMENTOS”
Entre los argumentos del Ministerio Público que para las autoridades panameñas son falsos, están:
Que la solicitud de asistencia legal de Panamá fue hecha a una autoridad incompetente en Nicaragua, ya que las facultades en materia penal de la antigua Procuraduría General de Justicia fueron asumidas por el Ministerio Público, por lo tanto la petición de asistencia debe ser hecha directamente a este Ministerio, desde Panamá
Que el Ministerio Público no puede subsanar el “desacierto” cometido por Panamá al solicitar asistencia a través de la Procuraduría, porque implicaría actuar al margen de la ley.
