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Diputados sugieren restar facultades a Bolaños
Luis Felipe Palacios
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El Presidente de la República ya no podrá destituir ni retirar a ningún alto cargo policial sin motivo alguno, como supuestamente sucedió con el comisionado mayor Francisco Bautista Lara, ex subdirector de la Policía Nacional.
Esa es la recomendación que hicieron ayer los diputados de la Comisión de Justicia del parlamento, que dictaminaron a favor de cuatro artículos del proyecto de Ley de Interpretación Auténtica de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que quita facultades al Poder Ejecutivo en el retiro de oficiales.
El diputado liberal Noel Pereira Majano, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que el artículo 89 de la interpretación de esa ley vendrá a poner fin a la discrecionalidad de los mandatarios de turno, de mandar a retiro a los jefes policiales, de forma antojadiza.
“En el caso de los retiros (de oficiales) se llegó a la conclusión de que tiene que ser por infracción”, anotó Pereira Majano.
“No podrá una persona decir: te retiro, porque ya te retiro de aquí. No, tiene que haber un proceso donde prueben la infracción que cometió”, indicó.
Pereira Majano observó que sólo podrán pasar a retiro anticipado los oficiales que padezcan de una enfermedad que les imposibilite seguir en sus cargos, quienes pidan su baja, o bien quienes decidan retirarse voluntariamente de las filas policiales.
“Pero cuando es por una acción punible, entonces ya sabemos que tiene que ser probado”, advirtió Pereira Majano.
Dijo que si el mandatario quiere mandar a retiro a un alto oficial, por infracción, se debe “investigar las causales”, o no tendría ninguna validez ni legalidad la decisión del Jefe de Estado.
El legislador Orlando Tardencilla, también de la Comisión de Justicia, dijo que de comprobarse la infracción, el oficial no pasaría a retiro, sino que se le retiraría de la institución por “democión o por baja”.
La Comisión de Justicia también dictaminó a favor del artículo tres, que define con claridad que la Policía Nacional obedece a la Constitución Política, a las leyes y a las resoluciones judiciales.
“La Policía no puede ni siquiera calificar una resolución judicial, simplemente tiene que atenderla y cuando se produzcan resoluciones contradictorias entre sí, la Policía lo que tiene que aplicar es el principio de aclaración, pero aplicarlas al final”, señaló Tardencilla.
Este año, la Policía Nacional se enfrentó al dilema de si obedecía una sentencia de la Corte Centroamérica de Justicia, sobre las reformas constitucionales, o un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que decía lo contrario.
