Sergio Báez Bendaña
Bajo un supuesto acuerdo de gobernabilidad y por tratar de estabilizar las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional, los liberales arnoldistas encabezados por Enrique Quiñónez y Donald Spencer introdujeron una propuesta de ley de amnistía para favorecer a todos aquellos funcionarios y ex funcionarios que se han visto envueltos en presuntos casos de corrupción y delitos electorales, desde el comienzo del período presidencial del doctor Alemán hasta la actualidad.
Sin embargo, lo que los liberales pretenden es beneficiar a un grupo de personas que tienen casos pendientes ante la justicia y en perjuicio del Estado, al aprobar una amnistía con carácter de ley que se traduciría perfectamente como un “borrón y cuenta nueva”. Esto viene solapado bajo la tregua que han negociado los partidos mayoritarios, y que viene a perjudicar los intereses de nuestro pueblo de ver tras las rejas a los funcionarios que han cometido delitos en perjuicio del Estado.
¿Ahora resulta que cualquier funcionario público puede hacer y deshacer con el dinero del Estado, y confiar que con ciertas jugadas y amarres políticos pueda resultar impune o por medio de una amnistía evitar enfrentarse a las autoridades judiciales y responder por los delitos cometidos? La figura de la amnistía ha operado en nuestro país en contextos bélicos específicos, a favor de un grupo determinado de personas y en dos circunstancias: antes que se entablara un juicio en su contra, o para evitar que sean objeto de juicios políticos.
No debemos creer que la amnistía es la solución para la estabilidad de nuestro país, sino otro elemento que podría agravar aún más la situación política en cualquier momento.
Estudiante de Derecho
