- Magistrado Argüello sigue escondido y defiende la sentencia falsa
Mirna Velásquez [email protected]
La investigación que una comisión especial de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) realiza por la sustracción de 609 mil dólares de una cuenta bancaria del Poder Judicial, enrumbó hacia las firmas que contiene el protocolo de la juez suplente de Tipitapa, Julissa Carolina Bonilla.
La magistrada Alba Luz Ramos, miembro de la comisión investigadora, informó ayer que ordenaron someter a peritaje caligráfico las firmas de los procesados Leyla Bucardo y Luis Ángel González Largo también conocido como Jorge Eliécer Hernández, quienes habrían dado un poder generalísimo a Sergio Ramón Meléndez Aguilar, para que sacara el dinero que se encontraba en el Banco de la Producción (Banpro).
Ambos poderes son presumiblemente falsos, pero la juez Bonilla no ha querido aclararlo. La tarde de ayer, LA PRENSA visitó la residencia de la juez, en el municipio de Tipitapa, y una mujer dijo que no se encontraba ni sabía la hora de su retorno.
Al ser localizada vía telefónica, la juez expresó que no debe explicaciones a LA PRENSA, porque ya presentó un informe a la CSJ y prohibió que la buscáramos, pese a que por su condición de funcionaria pública tiene que rendir cuentas a la opinión pública sobre su actuación.
“Decidimos mandar a practicar un peritaje para mayor ilustración del Consejo (de Administración de Carrera Judicial)”, dijo la magistrada Ramos.
“Es un peritaje de las firmas, porque lo que se está averiguando es si las firmas que aparecen en el protocolo de ella (Bonilla) son realmente de (Leyla) Bucardo y de (Luis Ángel) González Largo”, añadió.
En declaraciones a los medios de comunicación, Bucardo había asegurado que ella nunca firmó ese documento.
ARGËELLO SIGUE ESCONDIDO
El magistrado Rogers Camilo Argüello Rivas, quien regresó a su despacho el miércoles pasado después de varias semanas de ausencia, ha evitado enfrentar a los medios de comunicación.
Argüello Rivas debe explicar cómo es que permitió que la notario Astrid Bracamonte Hernández tuviera acceso al Libro de Votos de la Sala Constitucional de la CSJ, para certificar una sentencia que no contaba con todas las firmas necesarias, como lo ordena la ley. Por no cumplir los requisitos, la sentencia no es legal.
El magistrado Rafael Solís aseguró que a lo interno de la Corte, su colega Argüello sostiene que todo lo actuado por él es correcto y por eso hizo circular la sentencia, la misma que los demás miembros de la Sala Constitucional han señalado de falsa.
“Él está defendiendo su criterio, de que todo lo actuado por él fue correcto porque el juicio que se le montó a esa persona es ilegal dado que la captura no fue en el lugar en el que se le juzgó”, declaró Solís.
La Sala Constitucional, de acuerdo con el magistrado Solís, va a revisar el expediente para determinar dónde realmente ocurrió la detención de los procesados González Largo y Bucardo.
Comprobar el lugar de la detención se ha vuelto crucial en este tema, porque la sustracción del dinero se originó en un recurso de exhibición personal presentado por Javier Antonio López Poveda a favor de los procesados, alegando que su detención realmente ocurrió en San Marcos, Carazo y no en Managua, como asegura la Policía.
González Largo y Bucardo fueron procesados junto a tres personas más en un tribunal de Managua, por el delito de lavado de dinero y condenados a diez años de prisión.
“El doctor (Argüello) sostiene que la Policía de San Marcos le expresó, no sé dónde, si fue ahí mismo o después en una actividad, que ellos saben, están claros que la captura no fue en Managua sino en San Marcos”, dijo Solís.
“Si resulta que la captura, como aparentemente ahora está diciendo la Policía (…) se hizo en Managua, en el Hotel Morgut, junto con unas llantas y otras cosas, y eso aparece en el expediente, entonces habrá que reconsiderar esa sentencia y volver a hacer otra diciendo que no cabe el recurso. Eso es lo que vamos a revisar”, agregó.
El jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), comisionado mayor Julio González, afirmó que la Policía siempre ha asegurado que los procesados fueron detenidos en un hotel de Managua.
ANOMALÍAS SIGUEN
El presidente de la CSJ, Manuel Martínez Sevilla, explicó que como parte de las investigaciones, la comisión que investiga el caso llamó a comparecer al señor Javier Antonio López Poveda, quien aseguró a LA PRENSA que su nombre fue utilizado para introducir una queja ante la CSJ, la cual sirvió para “liberar” el dinero.
“Ya lo estamos llamando para que venga a decir si es cierto o no que firmó la queja. Todo el que sale mencionado está siendo llamado, por eso es la dilación”, expuso Martínez, después de señalar que están verificando el número de cédula para definir si realmente López Poveda está implicado.
La magistrada Alba Luz Ramos informó que ayer mismo el abogado Israel Zelaya introdujo un escrito en nombre de López Poveda, asegurando que él firmó la queja, contrario a lo que informó este Diario.
LA PRENSA contactó telefónicamente a López Poveda para que aclarase la situación, y negó qué él haya introducido tal escrito. Además, mencionó que alertará a las autoridades correspondientes del “uso” que le han estado dando a su identidad, lo que le está perjudicando porque es un hombre desempleado y esta situación le dificulta aún más encontrar un empleo.
El abogado Israel Zelaya fue contactado anoche telefónicamente y aseguró que López lo buscó en la mañana del martes para pedirle el favor de introducir el escrito. Aunque, también mencionó que no conoce a López.
COMISIÓN RECHAZA PETICIÓN DE JUEZ BONILLA
La magistrada Ramos refirió que la juez suplente de Tipitapa, Julissa Carolina Bonilla, quien se mantiene suspendida temporalmente, impugnó la inspección que le realizaron a su protocolo.
El alegato de la juez es que esa diligencia debió ser realizada sólo por los magistrados Edgard Navas y Marvin Aguilar y no por la magistrada Alba Luz Ramos y Manuel Martínez, que también son miembros de la comisión.
“No estamos dando lugar a esa petición de ella, porque no tiene ninguna razón de ser”, expresó Ramos.
