- La justicia que no se encontró en Nicaragua para castigar a los autores de la muerte del joven Jean Paul Genie, vino desde fuera y en forma de sanción moral: la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Nicaragua por retardación y obstrucción de justicia
José Adán [email protected]
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III Y ÚLTIMA ENTREGA
Todo era confusión y dolor. Se acostaba pensando que todo era una pesadilla y en la mañana, con las primeras pinceladas de conciencia despierta, pensaba en su hijo y de pronto el dolor estallaba en forma de luz cuando al abrir los ojos la memoria le decía que su hijo no estaba ya y que no volvería.
Entonces la congoja, la ira, el miedo y la impotencia, volvían a su ser y comenzaba nuevamente a actuar en función de las actividades que durante los últimos meses había estado haciendo: pelear por justicia para su hijo adolescente asesinado.
Al muchacho lo mataron el 28 de octubre de 1990 y desde entonces la familia Genie Lacayo inició una lucha legal por establecer culpables en la muerte del muchacho. La única y última vez que escucharon una respuesta positiva fue el 12 de febrero de 1997.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, determinó ese día que el Estado de Nicaragua era responsable por obstrucción y retardación de justicia en el caso Genie y mandó una indemnización simbólica que la familia de la víctima rechazó sin miramientos.
PROPUESTAS DE CONSPIRACIÓN
La Corte Suprema de Justicia reconoció la resolución de la CIDH y ahí terminó el asunto respecto a la muerte de Genie en el sistema judicial nicaragüense.
“Nosotros nos sentimos satisfechos, pero esperábamos más. Pensamos que la CIDH mandaría a reiniciar el juicio en un tribunal independiente, pero dicen que no lo hicieron por respeto al sistema jurídico de Nicaragua”, dice Raymond Genie Peñalba, padre de Jean Paul Genie.
Su hijo, quien acababa de cumplir los 16 años el 2 de octubre del año 1990, estaba en secundaria, a dos años de bachillerarse y aún no pensaba qué carrera tomar. “Nosotros lo íbamos a mandar a estudiar a Estados Unidos o Canadá, para prepararlo. No pudimos hacerlo”, dice el señor Raymond, quien ha extendido sobre la mesa de la entrevista, en sus oficinas de negocio, un enorme croquis elaborado por la Policía Judicial de Venezuela, donde se plantea una hipótesis de cómo mataron a Genie Lacayo.
La hipótesis, elaborada el 27 de agosto de 1991, señala el sitio por donde el carro del joven fue ametrallado, los ángulos de tiro en trayectoria descendiente, y la zona donde impactó fuera de la carretera para luego ser rematado por la espalda.
Hubo un reporte del forense que inicialmente dictaminó que esta era una bala de AK-47, pero cuando llegó a los juzgados, dijo que el tiro parecía de escopeta y que había sido de pie en tierra, poniendo el arma en la espalda de la víctima.
“Si dijeron que la muerte del policía Mauricio Aguilar fue accidental, a pesar que el disparo fue en el pecho, a quemarropa, qué podían decir de la muerte de mi hijo”, se queja Genie Peñalba, quien ahora recuerda, y reconoce que con angustia, las llamadas de gente que se ofrecía para matar al general Ortega y a sus escoltas a cambio de dinero.
“Un señor que se identificó como ex capitán del Ejército, me visitó para decirme que si le pagaba, él mataba al general. Otros me decían que ellos sabían dónde podían ubicar a los escoltas y que a cambio de dinero ellos los podían matar. Me hostigaban con eso y yo estoy seguro que era gente ligada a la Inteligencia del Ejército para tratar de involucrarme en un complot y desprestigiar el juicio”, comenta Raymond Genie Peñalba.
MILITARES HOSTILES
Otra de las cosas, insólitas a juicio de Genie Peñalba, es la actuación de la Policía en la investigación: “A los días de haber iniciado la investigación, nosotros pedimos la ropa de mi hijo y la respuesta del oficial de criminalística es que la habían incinerado porque se estaba descomponiendo la sangre y no querían una infección”.
Aparte de eso, cuando la procuradora auxiliar Alicia Duarte intentó obtener como medios de prueba las armas de los escoltas, los vehículos y los libros de registros y control de salidas y entradas de los escoltas, le dijeron que los libros habían sido incinerados, los vehículos dados de baja y vendidos, y las armas desaparecidas.
Aparte de eso, el fiscal militar Léster Gallo, quien ostentaba el grado de teniente durante la auditoría militar, tenía que pedir permiso a sus superiores para hacer las preguntas a los indiciados que llegaban de uniforme verde olivo.
“Siempre el Ejército protestó diciendo que nosotros hostigábamos. Eran hostiles, llegaban armados al juicio, nos negaban y rechazaban las pruebas e intimidaban a los testigos para que cambiaran sus declaraciones. Todos se confabularon para ocultar al culpable de la muerte. Nosotros sólo pedíamos que se estableciera justicia, no pedíamos la muerte de nadie más”, reflexiona Genie, con la voz pausada y la mirada cansada tras 15 años.
Ahora confiesa que siempre tuvo dudas sobre la justicia, y que cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que el caso debería pasar a Auditoría Militar, ellos dieron por fallado el caso. “Pero teníamos que cumplir con el trámite, para agotar las instancias y obtener la sentencia de la CIDH”, evoca.
¿Tuvo alguna vez temor que le pasara algo a su vida? “El temor en la vida siempre se tiene. Pero como estábamos luchando en la vida civil, teníamos que seguir a pesar de recibir amenazas”, dice Genie Peñalba, quien guarda en casa de una familiar suya, como último testigo de la vida extinguida de su hijo, el carro Mitsubishi Lancer con 19 impactos de bala.