Pedro Solórzano Silva
No comprendo cómo en un país que se supone civilizado y con una estructura de gobierno democrático, donde los poderes del Estado están al servicio del pueblo, que es el que los elige mediante el voto popular, en el Poder Legislativo, que es el encargado de velar por la aprobación de leyes que fundamenten ese Estado de Derecho, estén impulsando una ley de amnistía al fraude. Pretenden con ello limpiar los pecados de todos los servidores públicos desde el ex presidente Arnoldo Alemán y sus 40 secuaces, al erario nacional.
Sería más importante que los legisladores, por cuyo trabajo cobran al Estado millones de dólares y gasto de salarios y prebendas; no pierdan el tiempo con esta propuesta de ley, y dediquen el tiempo a leyes que mejoren las condiciones de vida del pueblo de Nicaragua: educación, salud, desarrollo social, etc.
Darle curso a esta amnistía para el fraude sería la última estocada, a todos los sistemas de leyes que rigen en nuestro país. Todos los legisladores que promuevan esta amnistía para el fraude, estarían dándole validez al refrán “ladrón que roba a ladrón tiene cien años de perdón”. Todavía muchos nicaragüense seguimos esperando que Nicaragua algún día sea República.
