- Javier Antonio López Poveda, mencionado en robo de US$600 mil, dice que él nunca presentó recurso ante CSJ
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Falsearon queja en la Corte
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Javier Antonio López Poveda, mencionado en robo de US$600 mil, dice que él nunca presentó recurso ante CSJ |
Mirna Velásquez Sevilla
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La operación jurídica tejida para sacar de una cuenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 609 mil dólares, que se encontraban en el Banco de la Producción (Banpro), inició con un recurso de queja falso, afirmó Javier Antonio López Poveda, la persona que supuestamente introdujo el recurso ante la Sala Constitucional el 19 de agosto pasado.
López Poveda, quien pidió no ser fotografiado, es un hombre alto, de contextura recia y piel clara. Habita en la ciudad de Masaya y muy nervioso e incómodo dijo a LA PRENSA que nunca ha estado en las instalaciones de la Corte para introducir el recurso de queja en exhibición personal en que se basó la Sala Constitucional para elaborar una sentencia que permitió ‘liberar’ los 609 mil dólares.
López Poveda reconoció que el 9 de agosto del 2005 autorizó a un familiar que usara su número de cédula y nombre para introducir un recurso de exhibición personal en el Tribunal de Apelaciones de Masaya.
El recurso favorecía a Luis Ángel González Largo o Jorge Eliécer Hernández González y a su novia Leyla Bucardo, procesados por lavado de dinero, y a quienes les incautaron el dinero que hoy está “desaparecido”.
López Poveda identificó como Jerónimo López al familiar que le pidió el “favor”.
“Yo me encontraba haciendo unas gestiones, inscribiendo una propiedad, entonces me encontré con un familiar que me dijo que si le podía hacer el favor porque no andaba cédula; es un familiar mío que vive en Ocotal. Me enseñó la ley donde dice que un recurso de amparo lo puede meter cualquier persona. Yo no le miré nada malo, yo lo leí y decía que eran unos comerciantes, pero de ahí, yo no volví a ver ese recurso de amparo”, declaró.
“Yo le hice ese favor a ese familiar mío. No tengo necesidad de estar metido en esto”, dijo López Poveda, luego de asegurar que la Comisión investigadora de la CSJ no le ha llamado para interrogarlo sobre su supuesta participación en el caso.
“Es un pariente mío, algo… poquito lejano, es hijo de un primo mío. Él vive en Ocotal y yo me lo encontré ahí ese día que fui ahí al juzgado”, añadió.
LA PRENSA intentó, sin resultados, ubicar en la ciudad de Ocotal a Jerónimo López.
FIRMA ES FALSA
El nombre de López Poveda fue utilizado para introducir una queja contra los magistrados de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, por haber declarado nulo lo actuado por el juez Moisés Rodríguez Zelaya en el trámite del recurso de exhibición personal.
“Yo no he ido a la Corte a meter ningún (recurso de queja)”, aseguró.
Conforme a los documentos en manos de LA PRENSA, la firma de López Poveda fue falsificada, porque la rúbrica estampada en el recurso de exhibición personal no coincide con la impresa en el recurso de queja introducido en la CSJ.
En base a esta queja, la Sala Constitucional elaboró un proyecto de sentencia en el cual ordenaba la libertad de los procesados. Este documento fue extraído de la Corte sin haber cumplido el procedimiento y posteriormente fue utilizado por el juez Julio Morales para ordenar la salida del dinero.
Aunque no existe ningún documento que lo vincule en el “robo” de los 609 mil dólares, el ex juez Carlos Mario Peña fue mencionado como partícipe por el ex abogado del supuesto narcotraficante González Largo, Pánfilo Orozco.
Orozco aseguró anteriormente que Peña había visitado a González Largo en la cárcel para ofrecerle su salida. Sin embargo, Peña desmintió esa versión públicamente.
Vale señalar que López Poveda tiene vínculo matrimonial con la señora Karla Cruz Salgado, quien es pariente de la esposa de Carlos Mario Peña, según confirmó el mismo López Poveda.
La Fiscalía remitió ayer los actos investigativos que realizó del caso, a la Comisión Investigadora de la CSJ, que hasta el momento no ha informado sobre los avances de las averiguaciones.
OTRO JUEZ “METIDO”
La historia inventada en torno a la detención de los procesados Luis Ángel González Largo y Leyla Bucardo, fue elaborada por el juez José Benjamín Arriaza Larios.
Arriaza Larios fue nombrado juez ejecutor por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Masaya, de la cual forma parte el magistrado Antonio Alemán (hermano del ex presidente Arnoldo Alemán), para que constatase que la detención de los reos ocurrió en San Marcos, Carazo, y no en Managua, como aseguró la Policía.
Después de presentarse ante el capitán Francis Martínez, jefe de la Policía Nacional de San Marcos y ante el Juez de Distrito Penal de Audiencia de Diriamba, Johnny Andino, Arriaza concluyó que los reos fueron sustraídos del juez competente.
“(…) De manera informal me indicaron dos oficiales de la Policía de San Marcos, los cuales desconozco sus nombres ya que no portaban sus clip, que los señores antes indicados efectivamente fueron detenidos el 12 de abril del año 2004 en el parque de San Marcos y trasladados a la ciudad de Managua”, cita uno de los documentos firmados por Arriaza Larios.
