Marcela Sánchez*
Roman, Times, serif»>Desde Washington
El desafío de Uribe
Marcela Sánchez*
WASHINGTON — La semana pasada, la policía colombiana descubrió nueve morteros apuntando al palacio presidencial — vivienda y lugar de trabajo del Presidente Álvaro Uribe. Un día antes, Germán Vargas Lleras, senador colombiano y aliado de Uribe, sobrevivió a un ataque con un carro bomba que hirió a tres de sus guardaespaldas y a seis transeúntes.
Expertos de seguridad creen que esas son las incursiones iniciales de lo que podría convertirse en una guerra de siete meses contra el actual gobierno colombiano. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) parecen haber lanzado una vez más una campaña de violencia para influir en las elecciones presidenciales a realizarse en mayo del 2006. Se espera que las FARC intensifiquen su campaña ahora que la Corte Constitucional colombiana emitió su decisión que abre la posibilidad de que Uribe pueda ser reelegido.
El terrorismo electoral no es nada nuevo en Colombia. Grupos insurgentes de izquierda y de derecha han usado la violencia contra candidatos o contra sus familiares por décadas. Si bien las FARC han manipulado tradicionalmente elecciones regionales o locales, en el 2002 dejaron su marca en la contienda presidencial, secuestrando a una candidata (que aún permanece cautiva) y amenazando a otros. Uribe, quien sobrevivió a por lo menos tres atentados contra su vida durante la campaña y cuyo coordinador de campaña en Boyacá recibió un disparo en la mandíbula, se vio obligado a realizar en algunas partes del país lo que su compañero de fórmula calificó de campaña “clandestina”.
La táctica de las FARC claramente falló. Sus actos previos y durante la contienda del 2002, impulsaron al electorado colombiano a apoyar a Uribe —quien como candidato de línea dura representaba la peor opción para las FARC— dándole una victoria contundente.
La pregunta en esta ocasión es si la más reciente campaña de violencia de las FARC también fracasará. O si podrán debilitar a Uribe y su gobierno con ataques tan despiadados que cambien la percepción popular sobre los logros del mandatario.
Desde que ganó en el 2002, Uribe ha perseguido una atrevida y polémica estrategia de seguridad democrática. Generosamente respaldado por Washington, Uribe ha buscado recuperar el control de los territorios que han estado en poder de fuerzas irregulares. Este esfuerzo es el resultado del fallido intento del ex presidente Andrés Pastrana de apaciguar a las FARC dándoles control de una porción de Colombia del tamaño de Suiza.
El gobierno de Uribe asegura que ha debilitado seriamente a los insurgentes de izquierda. Hasta el mes pasado, afirma haber capturado, abatido o desmovilizado a más de 30,000 miembros de organizaciones “subversivas” de izquierda. Ataques terroristas, incluidas voladuras de oleoductos y torres eléctricas o de comunicaciones, también han disminuido, según las autoridades, de 1257 en 2003, a 724 en 2004 y a 442 hasta septiembre.
Por sus esfuerzos, Uribe disfruta del apoyo de un 70 por ciento de los colombianos según la última encuesta de Gallup publicada a fines de julio.
Pero eso podría cambiar si, como afirma el experto colombiano en seguridad, Alfredo Rangel, las FARC no han sido debilitadas sino que de hecho han estado en una retirada táctica. En el escenario de Rangel sería la intensidad de la ofensiva de las FARC la que demostraría que la estrategia de Uribe fracasó: “La primera bomba provoca solidaridad con el Gobierno; la segunda ya causa una mayor exigencia de seguridad al Gobierno; la tercera ya prácticamente le echa la culpa al Gobierno por la situación y en ese momento la gente busca el cambio”.
A finales de los ochenta, el Cartel de Medellín declaró una guerra abierta contra los colombianos en un esfuerzo por detener al Gobierno en sus extradiciones de narcotraficantes a Estados Unidos. Después de que una oleada de asesinatos, bombas y secuestros dejó a cientos de víctimas inocentes, el Gobierno cedió a la presión popular y negoció el fin de la extradición, que terminó siendo declarada inconstitucional. La prohibición a la extradición se eliminó en 1997.
La esperanza estriba en el hecho de que Uribe, durante su mandato, haya llevado a Colombia a un lugar donde ya no sea tan susceptible a ese escenario de una tercera bomba. Como nación, muchos observadores creen que Colombia ha atravesado por un cambio substancial. Los colombianos parecen aceptar la noción de que su país está comprometido en una guerra que afecta a todos y requiere que todos hagan ciertos sacrificios —desde los campesinos convertidos en soldados hasta la élites que pagan nuevos impuestos.
Y por muy desequilibrado que eso parezca, es de todos modos un cambio. No hay duda de que la verdadera prueba a la estrategia de Uribe empieza ahora. Al mismo tiempo, si las FARC resultan incapaces de revertir el progreso colombiano y, por primera vez en dos temporadas electorales, no pueden jugar un papel predominante en la selección del próximo Presidente, las elecciones del 2006 podrían comprobar que la paz ha dado un importante paso adelante en Colombia.
* Washingtonpost.com
