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Pronto prescribe juicio a ex funcionarios de Iniser
Mirna Velásquez Sevilla
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La cuenta es regresiva. Faltan sólo siete días para que prescriba el delito por el cual la Fiscalía acusó a dos ex funcionarios del Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (Iniser) y la juez Segundo Penal de Juicio, María Concepción Ugarte, aún no ha convocado a la audiencia correspondiente.
El 11 de octubre fue señalado para que, Orlando Chávez Gil y Jorge Alberto Montealegre Somoza, se presentaran a una audiencia inicial, pero ninguno compareció ante la juez. Desde entonces no ha habido ninguna providencia judicial ni han sido citados nuevamente.
La Fiscalía tampoco ha hecho solicitud alguna, pese a que había anunciado que solicitaría que los indiciados fueran declarados en rebeldía y que pediría orden de captura contra ambos.
La Procuraduría General de la República (PGR) introdujo un escrito en el que pide a la juez ser tomada como víctima en el juicio contra Chávez Gil y Montealegre Somoza, acusados por el delito de fraude en perjuicio del Estado, que se estima fue de dos millones de dólares.
El procurador auxiliar Hernaldo Chamorro Díaz, en su escrito, señala que la juez aún no da respuesta a la petición de formar parte del juicio en calidad de víctima y demandó que se convoque a una audiencia.
Chávez Gil es ex presidente ejecutivo del Iniser y Montealegre Somoza fue vicepresidente administrativo de esa institución. Ambos ex funcionarios son señalados de aprovecharse de sus cargos para ordenar, ilícitamente, la transferencia de dos millones 35 mil 198 córdobas a Great Lambert Trust en el Stanford International Bank, entidad financiera que no tiene ningún vínculo con Iniser.
Conforme a la acusación presentada por la Fiscalía el 7 de octubre pasado, los acusados habrían pretendido hacer creer que la transferencia era depositada a favor de la empresa de Iniser, Great Lambert Inc., no obstante el dinero fue depositado a nombre de Great Lambert Trust.
El caso podría prescribir dado que la legislación establece un período máximo de cinco años para acusar, después de ocurridos los hechos que se presuman son delitos. En este caso vence el próximo 27 de octubre.
La juez Ugarte informó que aún no ha fijado una nueva fecha para la realización de la audiencia y la Fiscalía tampoco ha hecho ninguna gestión, lo cual le impide para actuar de oficio y decretar la orden de captura de los procesados.
