- Sergio Meléndez, quien retiró los US$600 mil de la cuenta de la Corte, perteneció a la seguridad sandinista
- Además tiene antecedentes judiciales por acusaciones de estafa, homicidio frustrado y terrorismo
Jorge Loáisiga Mayorga y Mirna Velásquez [email protected]
Sergio Meléndez Aguilar, el hombre que retiró de una cuenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los 609 mil dólares decomisados al supuesto narcotraficante Luis Ángel González Largo y a Leyla Bucardo, condenados por lavado de dinero, tiene un negro expediente judicial.
Meléndez ha sido procesado en varias ocasiones por estafa, falsificación de documentos públicos, terrorismo y homicidio frustrado entre otros delitos, según verificó LA PRENSA en la Oficina de Recepción y Distribución de causas de los Juzgados de Managua y en los Juzgados Locales y de Distrito.
Lo que no pudimos conocer es el final de esos juicios, porque muchos pasaron a los archivos, según dijeron en los juzgados.
Sí se pudo constatar que Meléndez tiene antecedentes policiales desde 1996, cuando fue detenido por robo con intimidación.
También se le acumuló otra causa por robo con fuerza, y en los antecedente policiales le aparece una causa por estafa.
FUE DE LA DGSE
Meléndez, quien no ha dado la cara a lo medios de comunicación para aclarar a quién entregó los 609 mil dólares que logró sacar de la cuenta de la CSJ en el Banco de la Producción (Banpro), ingresó al Ejército Popular Sandinista (EPS) en 1979, recién fundado, y en la Escuela Militar Carlos Agüero aprobó un curso de “tropas especiales”.
Luego pasó a la Policía Sandinista y fue ubicado en el Distrito Cuatro, en el Mercado Oriental, como oficial de investigaciones. En octubre de 1980, pasó a formar parte de la Dirección General de Seguridad del Estado (DGSE), donde estuvo hasta 1986, cuando se retiró de ese órgano represivo.
LA TRAMA Y EL DINERO
Tras una trama que el magistrado Guillermo Selva calificó como “conspiración” contra la CSJ, en la que participaron magistrados, jueces y abogados para sustraer de manera ilegal el dinero, lo que constituye el mayor escándalo de corrupción en la Corte; Meléndez retiró el dinero utilizando dos poderes generalísimos supuestamente extendidos por González Largo y Bucardo ante los oficios notariales de la juez suplente de Tipitapa, Julissa Carolina Bonilla Martínez.
Bucardo había dicho a los medios de comunicación que ella nunca firmó un poder a nadie para retirar el dinero.
Sin embargo, su nuevo abogado, Israel Zelaya, dice ahora que ambos condenados sí firmaron los poderes a favor de Meléndez y que éstos no son falsos.
HISTORIAL DELICTIVO
En abril del 2001, Sergio Meléndez Aguilar fue procesado por el delito de estafa y el ofendido era Julio Eduardo González Maradiaga, según los registros judiciales.
En enero del 2002, José Raúl Gutiérrez García acusó a Meléndez por amenazas. La causa judicial se tramitó en el Juzgado Primero Local Penal.
En febrero del 2002 la Policía de la Estación Seis de Managua incautó un fusil R-15, una pistola nueve milímetros y tiros a granel, entre ellos una caja de municiones de fusil AK en la casa de Meléndez, quien fue señalado como supuesto terrorista y también le achacaron el robo de un vehículo, ocurrido en las mismas instalaciones de la delegación policial.
En esa ocasión Meléndez se defendió de los cargos que le achacaban, diciendo que las armas encontradas en su casa eran para garantizar su protección personal y para su disfrute, porque una de ellas, un fusil AR-15, era “un recuerdo” que le dejó un internacionalista que vino al país en tiempos de la revolución.
En noviembre del 2003, la Juez Octavo de Distrito de Audiencias, Karla García, ordenó el arresto domiciliar de Sergio Meléndez Aguilar, de 42 años, quien habría disparado seis veces contra un taxista porque éste casi chocó con él en los semáforos de Rubenia, a las 3:15 de la madrugada del 26 de octubre de ese mismo año.
De acuerdo con la acusación presentada entonces por la Fiscalía, Meléndez ofendió de forma verbal a Carlos Xavier Bucardo Picado, de 38 años, el taxista. Éste, para evitar problemas, siguió su marcha en el taxi que conducía, pero Meléndez lo siguió hasta la zona de Ciudad Jardín, lo aventajó, le interceptó el paso y presuntamente lo amenazó con una pistola nueve milímetros.
La Policía tipificó el caso como homicidio frustrado, pero Meléndez argumentó que él no quería matar a nadie, pues disparó al aire. La juez, en esa ocasión remitió el caso para audiencia inicial el 4 de noviembre de 2003, y ordenó al acusado pagar una caución económica de dos mil córdobas y la presentación periódica al juzgado.
“EMPRESARIO”
Según Meléndez, en una declaración brindada en el Juzgado Quinto Local del Crimen de Managua, en febrero del 2002, donde fue procesado por tenencia ilegal de armas, él es licenciado en mercadotecnia.
En esa época se desempeñaba como gerente general de Cosermult (Compañía de Servicios Múltiples) de la cual también era socio, la que estaba ubicada frente al restaurante El Dorado, en el reparto que lleva ese mismo nombre.
La “compañía” prestaba servicios de mantenimiento y reparación de equipos de enfriamiento y aires acondicionados, rotulación, pintura en general, serigrafía y eventos publicitarios con impulsadoras y animación. Además realizaba, según Meléndez, operaciones de préstamos entre particulares y contaba con una oficina de asesoría legal en todas las áreas.
“PEGAN” A ARGUELLO
Israel Zelaya, abogado de Luis Ángel González Largo y Leyla Bucardo, admitió que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rogers Camilo Argüello, participó en la trama para sacar el dinero de una cuenta de la Corte.
En el informe que Zelaya rindió a la CSJ, confirma que fue en la oficina del magistrado Argüello donde la notario Astrid Bracamonte dio razón de fe de la copia de una sentencia que estaba en el Libro de Votos de la Sala de lo Constitucional.
“Ingresamos en horas de la tarde con autorización del magistrado Rogers Camilo Argüello, directamente a sus oficinas y le solicitamos que nos mostrara el Libro de Votos de las sentencias de la Sala Constitucional. El magistrado manifestó que por ser un libro público… Buscamos la sentencia 221, dictada ese mismo día, la cual tenía cinco firmas de los honorables magistrados de la Sala Constitucional”, indica el informe.
¿ARGUELLO EN CUBA?
La participación del magistrado Rogers Camilo Argüello, en un congreso en La Habana, está en entredicho porque el evento en el que debería estar ahora mismo, iniciará hasta el miércoles 18 de octubre y finaliza el 22. El magistrado habría salido hacia la isla el 30 de septiembre pasado.
