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Guzmán defiende bondades de Ley Marco
Luis Felipe Palacios
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El ex presidente del parlamento, Luis Humberto Guzmán, dijo que la Ley Marco que impulsan en la actualidad, admite comparación con la Ley Marco aprobada en 1995, que postergó la aplicación de unas reformas constitucionales.
Guzmán dijo que cabe la semejanza en el sentido que se trata de diferir la aplicación de las reformas por un plazo de tiempo determinado, hasta el próximo ejercicio presidencial, y que el Ejecutivo las reconoce.
Recordó que en 1995 se aprobó la Ley Marco de manera unánime, al ser una de las exigencias de la Presidenta de entonces, Violeta Barrios de Chamorro.
“En este caso lo pueden hacer vía una ley o lo pueden hacer por la vía de un acuerdo político, en el cual las partes se comprometen a no aplicar en determinado aspecto la reforma, sino hasta el ejercicio presidencial próximo”, dijo Guzmán.
Agregó que en ambos casos requieren el consenso de las dos bancadas mayoritarias y el Ejecutivo, porque es más un asunto de “voluntades políticas”.
“El acuerdo o la Ley Marco no es un mal recurso ni un mal expediente. Es la búsqueda de una solución por la vía de consenso y eso, por supuesto, es lo que cabe en una democracia y en un país civilizado, que ese tipo de conflictos sean dirimidos por la vía de la negociación y del acuerdo”, dijo Guzmán, quien no está de acuerdo con una constituyente.
¿BURLAN CONSTITUCIÓN?
Guzmán admitió que ningún acuerdo ni ley ordinaria está por encima de la Constitución, sin embargo —opinó— que una ley marco “no va a variar para nada el contenido de la Constitución ni el contenido de la reforma”.
“Usted lo que hace es diferir la aplicación y eso no significa que usted la esté burlando (la Constitución) ni que esté evitando que se vaya a cumplir”, continuó.
“De hecho, uno puede acudir a la misma experiencia y a la reforma a la Constitución de 1995…, una vez que terminó el período de la presidenta Chamorro, entraron en aplicación absolutamente en todos sus aspectos”, agregó.
Guzmán admitió, luego, que en 1995 en “algunos aspectos, a mi modo de ver menores, se difirió su aplicación para el ejercicio siguiente”.
Las actuales reformas constitucionales establecen una periodicidad para elegir a las autoridades de la Superintendencia de Servicios Públicos y el Instituto de la Propiedad, que quedarían en desuso si se postergan las reformas.
ENTRE ACUERDO Y LEY
Guzmán sugirió que los vacíos que puedan existir pueden resolverse “a la hora de aplicar ese acuerdo político o esa ley, si fuera el caso”.
“Puede tomarse uno de los caminos o puede tomarse una mezcla. Para un aspecto puede ser que se necesite una ley, para otro puede ser que baste con el acuerdo político”, anotó.
Guzmán dijo, por ejemplo, que pueden diferir los nombramientos de las autoridades electas a la Sisep y sus cuatro intendencias, hasta el 2007, y que las instituciones queden creadas.
“En algún sentido es como dar un período de vacación a la ley”, dijo el ex legislador, quien admitió que “no está contemplada en la ley, pero lo hace por la vía de un consenso político”.