Anne Pérez [email protected]
Tal como miles de mujeres nicaragüenses lo han solicitado en numerosas ocasiones, la problemática de la violencia será considerada como un problema nacional y formará parte del Programa Nacional de Equidad y Género.
Martha Rivas, directora de proyectos del Instituto Nicaragüense de la Mujer (Inim), explicó que la violencia fue uno de los problemas más mencionados por los cientos de mujeres que participaron en la validación del programa de género.
“La violencia, según las consultas hechas, es un problema que debe ser abordado no sólo en el aspecto de gobernabilidad, sino en todas las áreas para encontrar su disminución”, dijo Rivas.
Datos del Movimiento Autónomo de Mujeres revelan que al menos el treinta por ciento de las nicaragüenses ha sufrido algún tipo de violencia. Aunque reconocen que el número de casos podría ser mayor.
Solamente la Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE) contó a 20,573 mujeres atendidas en las Oficinas Legales de la Mujer, en el 2004. Todas ellas víctimas de algún tipo de violencia.
Con relación a los demás derechos de las mujeres, cabe señalar que Nicaragua está estancada en la aplicación de políticas gubernamentales que permitan el acceso a la salud y a la toma de decisiones.
Eso es parte de los resultados obtenidos en el estudio Índice de Compromiso Cumplido (ICC), un sistema de indicadores diseñado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y el Grupo Iniciativa Mujeres de Chile.
La funcionaria agregó que el programa también pretende la creación de condiciones que permitan un mejor desarrollo social, además del acceso y control a los recursos económicos productivos y la participación política.
El Programa de Equidad y Género contiene políticas que deben implementarse entre el 2006 y el 2010.
BUSCAN FINANCIAMIENTO
Rivas aseguró que en noviembre el programa será oficializado por el presidente Enrique Bolaños. Sin embargo, podría ser aplicado hasta el próximo año, en dependencia de los recursos que destine cada institución involucrada.
“Cada institución debe asumir su parte presupuestaria en la aplicación del programa, y eso no podemos medirlo aún. Además hay que definir el Plan Operativo del Programa”, dijo Rivas.
La consulta del proyecto fue financiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI-Nicaragua). Con este financiamiento cientos de mujeres de instituciones gubernamentales y no gubernamentales dieron sus sugerencias.
