- Carlos Slepoy, un abogado de causas por violaciones a los DDHH, celebra fallo español de jurisdicción universal en casos de genocidio
Gabriela CalottiAFP
MADRID.- La decisión de la justicia española de declarar su competencia judicial para delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad primando la jurisdicción universal es un “punto de inflexión” hacia una “verdadera justicia internacional”, estimó el jueves un destacado abogado argentino.
La Audiencia Nacional española tiene abiertas causas por graves violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras de Argentina (1976-83), Chile (1973-90) y Guatemala (1976-86) y por el asesinato de españoles en el genocidio de Ruanda (1994-2000). También recibió una contra el pueblo del Tíbet.
Carlos Slepoy, uno de los más destacados abogados penalistas impulsores de denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidos fuera de España, subrayó la decisión del Tribunal Constitucional que respondió a un recurso de la Premio Nobel de la Paz guatemalteca, Rigoberta Menchú.
¿Qué entiende Ud. por la jurisdicción universal de la justicia?
Significa el ejercicio del derecho penal internacional por parte de las jurisdicciones nacionales. Esto que podría dar lugar a actuaciones caprichosas sobre por qué un país se mete con unos y no con otros, en realidad abre el camino para que se instruya una verdadera justicia internacional y en ese sentido, la relación de las jurisdicciones nacionales con la Corte Penal Internacional (CPI) es el futuro del derecho penal internacional.
¿Existe el temor de que los tribunales españoles se vean “inundados” de denuncias?
Diría que lejos de preocupar que se interpongan muchas denuncias, debe considerarse esta sentencia como un acto pionero en el derecho internacional porque en la práctica efectiva de la justicia va a determinar que otros países del mundo asuman la misma responsabilidad que los tribunales españoles. Esto marca un punto de inflexión.
La sentencia afirma que cualquier país firmante del Convenio sobre Genocidio de 1948 puede establecer su jurisdicción para juzgar el delito de genocidio aunque no se haya producido en su territorio.
La sentencia dice que el convenio establece mínimos, lo que no quiere decir que el convenio restrinja la intervención de otros órganos jurisdiccionales.
Cuando habla de que el genocidio es un crimen de derecho internacional y que todos los Estados se comprometen a prevenirlo y sancionarlo, lo que está estableciendo es un llamado a los Estados para que persigan el genocidio, entendiendo que no hay territorio para el genocidio, sino que el mundo es el territorio donde se comete el genocidio.
¿Qué ha sido hasta ahora la justicia internacional?
Esencialmente ha sido algo manipulado por los poderosos del mundo. Se han creado tribunales internacionales allí donde existía poder suficiente de los Estados que los creaban para, efectivamente, ponerlos en funcionamiento.
¿Cómo podría funcionar en el futuro la justicia penal internacional?
Pensemos por ejemplo en una Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal que va recibiendo denuncias de todo el mundo, que tuviera buena voluntad y que no hubiera digitación política.
¿Sería absolutamente imposible que pudiera tramitar todo? Entonces la pregunta es por qué no aprovechar las estructuras judiciales que hay en todo el mundo y crear tribunales para juzgar los crímenes contra la humanidad.
De tal modo que las personas que no puedan denunciarlo en sus territorios puedan recurrir en otros países. Argentinos en tribunales uruguayos o uruguayos en tribunales venezolanos…
¿Cuál es la trascendencia de esta sentencia?
Esta sentencia sienta la idea de que hay delitos que por su naturaleza son de persecución universal, que deben ser necesariamente perseguidos por los tribunales de todos los países, lo que supone mayor protección para las víctimas y mayor seguridad de que los criminales serán perseguidos (…).
La idea central es que esta sentencia permitiría romper el círculo vicioso de la impunidad.
EL FALLO
El Tribunal Constitucional de España estableció el miércoles que ese país es competente para juzgar delitos de genocidio y crímenes contra la humanidad.
El fallo del máximo tribunal de España, que establece que la “jurisdicción universal prima sobre la existencia o no de intereses nacionales”, responde al recurso presentado en 1999 por Rigoberta Menchú para que España investigara los crímenes de genocidio, asesinatos, torturas y detenciones ilegales cometidos en Guatemala entre 1978 y 1986.
Esa sentencia da luz verde a la justicia española para que continúe los procesos penales iniciados por Menchú en contra de ex altos cargos guatemaltecos.
