Ruido por banco para productores

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Ruido por banco para productores

	Asamblea Nacional tiene en sus manos propuesta de ley para la creación de entidad financiera
	Ministro de Hacienda sostuvo que un banco de este tipo no es apoyado por los organismos financieros

Luis Núñez Salmerón y
Mario José Moncada
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Organizaciones de pequeños productores que conforman la Mesa Agropecuaria y Forestal, presentaron ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la creación de un Banco de Fomento a la Producción (Banfopro) que pretende facilitar crédito a los pequeños y medianos productores agropecuarios del país, según informó la diputada de la bancada del Frente Sandinista, Alba Palacios.

El banco tendrá por objeto principal captar y canalizar recursos financieros para el desarrollo de la producción y la productividad del sector agropecuario e industrial y demás actividades relacionadas con estos sectores, incluyendo su comercialización, según el texto de la propuesta.

El proyecto obedece a la lentitud de las negociaciones entre los diferentes actores del sector agropecuario y el Gobierno, para la creación de un instrumento que permita otorgar créditos favorables, explicó Hermógenes Rodríguez, directivo de la Federación Nacional de Cooperativas Agroindustriales (Fenacoop).

Agregó, que el banco debe apoyar a los pequeños productores para mejorar tanto sus rendimientos productivos como su cadena de comercialización. “Tiene que financiar para que el productor pueda retener su cosecha, en espera de mejores precios”, sostuvo.

La diputada Palacios agregó que el banco “es un instrumento vital” para que el sector pueda enfrentar los retos del tratado de libre comercio firmado por los Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).

La idea, insistió, es crear un banco desde la perspectiva del Estado, no visto eminentemente como un negocio comercial, sino como “instrumento de fomento, donde haya el capital necesario con tasas favorables, asistencia técnica y que genere capacidades organizativas en la pequeña y mediana producción”.

El banco se capitalizaría con recursos provenientes del presupuesto del Estado “con los impuestos que pagan los mismos productores”, explicó Palacios.

GOBIERNO EN CONTRA

Consultado al respecto, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, manifestó su rechazo a la creación de un banco de este tipo, al recordar que no goza del visto bueno de los organismos financieros internacionales.

Dijo que los organismos temen que un banco de este tipo vaya a caer en los mismos problemas del desaparecido Banco Nacional de Desarrollo (Banades), “que cerró años atrás porque era utilizado por un grupo de privilegiados que se servía (los créditos) con la cuchara grande”.

“Perdíamos 50 millones de dólares al año, eso es un problema, y no nos podemos estar dando el lujo de estar echando la plata a la basura”, insistió Arana al ser consultado ayer por LA PRENSA.

Añadió que el Gobierno en lo que está apostando es en mejorar la banca de desarrollo del país, es decir, la disponibilidad de los servicios financieros que permitan contar con mayores recursos para la producción y canalizarlos de la mejor manera.

“Escuchando los puntos de vistas de todos los sectores y las instituciones relevantes, podemos llegar a un acuerdo para mejorar lo que hoy tenemos, sin caer en la trampa de quiebra de bancos”, dijo Arana.

El titular de Hacienda sostuvo que Gobierno no está contemplando alguna partida en el Presupuesto General de la República del 2006 para el funcionamiento del banco de fomento a la producción.

ABOGAN PORQUE NO SE POLITICE

Entre tanto, el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) Manuel Álvarez, sostuvo que apoyan la idea de crear un banco de fomento o de un instituto de fomento, pero que el mismo no debe ser visto con un criterio populista.

Según Álvarez, el Gobierno ha sido demasiado “dócil” con los organismos financieros internacionales, lo que ha sido un factor clave que ha impedido crear este banco que “bien podría llamarse instituto de fomento agropecuario”.

A su juicio, y tal como efectivamente lo contempla el proyecto de ley de creación del Banco de Fomento de la Producción, el capital de la entidad debe ser enriquecido con fondos que manejan actualmente instituciones como el Instituto Nicaragüense de Desarrollo Rural (IDR.

ORGANIZACIÓN Y FONDOS

La propuesta de ley para la creación del banco de fomento a la producción, establece que estará regido por las normas financieras establecidas por la Superintendencia de Bancos (SIB) y por la legislación bancaria.

El consejo de dirección del banco estará conformada por el ministro de Hacienda, quien será su representantes legal; los ministros de Fomento, Industria y Comercio, y Agropecuario y Forestal; dos miembros de la Comisión de Asuntos Económicos, Finanzas y Presupuesto de la Asamblea Nacional; y el gerente general del banco.

El gerente sería nombrado por el Presidente de la República y ratificado por la Asamblea Nacional, por un período de tiempo indeterminado, pudiendo ser sustituido por el Presidente de la República.

El vicegerente general del banco sería nombrado por el consejo de dirección del banco, a propuesta del gerente general, por tiempo indefinido y podrá ser removido de su cargo con autorización del consejo de dirección a propuesta del gerente general o de cualquiera de los directores.

El capital autorizado del banco estará conformado por los aportes del Estado provenientes del presupuesto, y por el resultado neto de los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas por instituciones como el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), el Fondo de Crédito Rural (FCR) y la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas).

El proyecto legislativo establece, además, que el banco contará con un órgano de auditoría, encargado de la fiscalización de todas sus instancias, operaciones y decisiones.

Dicho órgano dará cuenta directamente al consejo directivo del banco, enviando copia de sus informes de auditoría a la Contraloría General de la República (CGR) y a la Superintendencia de Bancos (SIB), debiendo el auditor incluir en sus informes de auditoría evidencia de que las recomendaciones de las inspecciones efectuadas por ambas instituciones han sido realizadas, detalla el proyecto de ley.