Pedro Rafael Gutiérrez Doña
Las intenciones reales del gobierno costarricense sobre el río San Juan son de orden económico. Reflejo de esta premisa son los millones de dólares que se suman año con año en el Producto Interno Bruto (PIB) del país por el turismo. Más que el café, plantas ornamentales y productos no tradicionales, el turismo es la mayor fuente de ingresos en los conceptos económicos y eso lo saben ellos y por eso la demanda ante La Haya para defender sus “derechos”.
Harto los costarricenses reconocen la soberanía del río como nicaragüense, sin embargo, aún enseñan en las escuelas que el río pertenece a ellos, mentira que se desenmascara cuando salen de bachilleres. La libre navegación siempre la han tenido —de eso dan fe los cientos de pobladores de la zona—, lo que pasa es que ahora pretenden navegar armados, en lanchas fuera de borda con americanos y europeos cobrando 70 dólares por cabeza, explotando lo que les deja millonarias ganancias y hasta ahí, no les alcanzan sus derechos.
Al turismo a nivel mundial no le interesan las grandes ciudades ni monumentos, ejemplo es Costa Rica donde el turismo internacional ha anulado a San José como destino y lo ha dirigido a Liberia y, luego por tierra visitan Rivas y Granada, dos destinos coloniales que no tienen los ticos.
La demanda ante La Haya no se quedará así no más; tendrá su efecto en las autoridades nicaragüenses por considerarse una agresión a la soberanía, imponiendo un tributo del 35 por ciento a los productos provenientes del país vecino.
No hay tal prejuicio para los nicaragüenses en este sentido, ya que detrás de este mercado hacen fila países como Honduras, El Salvador, Cuba, Venezuela, etc., queriendo vender sus productos a Nicaragua. Jurídicamente, no tienen asidero para justificar su pretendido negocio y dicha demanda será como bien lo dicen los juristas, rechazada “ad portas” por los juristas internacionales.
