Alberto L. Alemán Aguirre
La campaña electoral tica ya comenzó de verdad y la señal más clara es que el asunto del río San Juan de nuevo sale a bailar. El nacionalismo y el patriotismo siempre aseguran votos, no hay duda. Y siguiendo una tradición histórica, Costa Rica trata de pescar en río revuelto, aprovechando la crisis política de Nicaragua.
Finalmente Costa Rica ha decidido llevarnos a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Lo hace a unos meses de las elecciones. Es su derecho, nadie lo niega. Pero eso no quiere decir que sus pretensiones sean justificadas ni que tenga la razón, porque ésta está del lado de Nicaragua.
La decisión de congelar la disputa originada por el intento costarricense de que sus guardias naveguen armados por el San Juan fue de verdad una excelente idea que permitió “desanjuanizar” las relaciones, hacerlas más cordiales y retomar puntos mucho más importantes de la agenda bilateral.
Recordemos el estancamiento, la atmósfera envenenada que privó entre los dos países desde 1998 hasta 2001, cuando de modo arbitrario, el arrogante ex presidente Miguel Ángel Rodríguez —hoy bajo arresto domiciliario por sospechas de corrupción— quiso imponer la libre navegación de los guardias del país vecino, un derecho inexistente según el tratado Jerez-Cañas de 1858. Qué curioso que el entonces presidente nicaragüense, Arnoldo Alemán, esté condenado por corrupción. Vaya coincidencia.
Hoy corremos el peligro de volver a esos días gracias a la decisión del presidente Abel Pacheco.
El tratado limítrofe es explícito en su artículo VI y deja claro que la soberanía del río San Juan es Nicaragua, y que Costa Rica tiene únicamente derecho a navegar con “objetos de comercio” en una parte de él. En tiempos modernos, para fines prácticos, se dice que esa es una navegación con fines comerciales, aunque la letra pura del Jerez-Cañas es aquélla.
En 1888, el Laudo Cleveland, un arbitraje en el que ambos países acudieron al presidente de Estados Unidos, confirmó la validez del tratado de 30 años antes, concedió a los ticos un poquito más: la posibilidad de que surcaran el San Juan buques ticos de “servicio fiscal”. El árbitro excluyó las naves militares.
En 1858, la firma del tratado fue posible gracias a grandes concesiones de una Nicaragua destruida. Se sancionó de una vez la aceptación nuestra de la pérdida de Nicoya y Guanacaste.
El ejército costarricense vino a combatir contra el aventurero esclavista William Walker y de paso, los vecinos nos quisieron cobrar caro la “ayuda”: en tiempos de la fiebre del oro en California, se apoderaron de la Ruta del Tránsito y del río San Juan, y quisieron forzar a Nicaragua a admitir el despojo. Una Nicaragua empobrecida, en ruinas tras la Guerra Nacional se unió para librar una guerra más contra los vecinos oportunistas. La contienda se evitó gracias al Jerez-Cañas.
En numerosos episodios de nuestra historia común, el territorio costarricense no solamente ha sido un refugio para perseguidos políticos, sino que también ha sido una base para grupos armados que se oponen al gobierno de turno. Hoy, creyendo que la profunda división política de Nicaragua impedirá una respuesta efectiva, han ido a La Haya.
Pero también es una constante de la historia política nicaragüense de que deponemos nuestras diferencias para defender unidos nuestro patrimonio.
La argumentación costarricense es un poco retorcida.
¿Es una lancha o un barco con turistas una embarcación que recorre la vía con “objetos de comercio”? ¿Es una lancha llena de elementos de la Fuerza Pública en patrullaje, una embarcación de funcionarios fiscales? En ambos casos la respuesta evidente es: no.
¿De dónde sale entonces la pretensión de navegar armados? Nada en el acuerdo los justifica. Si es necesario, ¿por qué siguen rehusándose a pedir permiso de pase a las autoridades nicas que están anuentes a darlo?
Como nosotros, los vecinos tendrán elecciones presidenciales y legislativas el año próximo. El tema va camino a convertirse en un asunto de campaña en ambos lados.
A lo inmediato, la respuesta nicaragüense es reforzar la vigilancia en el río y la muy probable imposición de un arancel a los productos ticos por la Asamblea Nacional. Nadie piensa que Costa Rica se lance a una guerra, es algo absurdo y sin bases. Pero no podemos descartar alguna provocación para crear falsas situaciones que den más argumentos en un juicio.
Como ha pasado en otras ocasiones, los pobres migrantes nicaragüenses pagarán injustamente una buena parte de los platos rotos.
El impuesto, es cierto, perjudicará a productores y consumidores por igual, pero las exportaciones ticas son mayores a las nuestras.
Los diputados costarricenses sugieren responder con poner impuestos a las remesas. Vaya manera de responder de un país donde se acostumbra a ver encima del hombro a los vecinos y que se jacta de una tradición política humanista.
Y además, la decisión tica y sus consecuencias, arrojan más obstáculos a la integración centroamericana en una época de globalización y bloques comerciales.
