Ministros acusados se van

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Ministros acusados se van

	Bolaños autoriza salida a seis altos funcionarios para que denuncien “golpe de Estado” ante la CIDH
	Cuando el juez Rojas ordenó la retención migratoria contra Julio Vega y Mario Salvo, éstos ya volaban

Ludwin Loáisiga López y
Mirna Velásquez Sevilla
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El presidente Enrique Bolaños autorizó ayer la salida del país de seis ministros implicados en supuestos delitos electorales, por considerar que el proceso en contra suya y de algunos miembros de su Gabinete constituye un “golpe de Estado” en desarrollo.

Bolaños explicó que los ministros integran una comisión especial del Poder Ejecutivo para dar a conocer sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como el conflicto entre poderes del Estado, una situación que el mandatario consideró como el desarrollo de un golpe de Estado.

La comisión está compuesta por los desaforados Julio Vega, ministro de Gobernación, y Mario Salvo, viceministro agroforestal; además de Miguel Ángel García, ministro de Educación; Arturo Harding, ministro del Ambiente; Fausto Carcabelos, viceministro de Hacienda, y Leonardo Somarriba, viceministro del Ambiente.

No se precisó cuándo regresarán los funcionarios.

El mandatario, quien estuvo acompañado durante la conferencia de prensa por el Gabinete ampliado y por los jefes del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional, señaló que no existe Estado de Derecho en Nicaragua, por lo que el Gobierno no confía en el sistema de justicia nicaragüense, al que calificó como “una maquinaria represiva” que está a las órdenes del dirigente sandinista Daniel Ortega.

“La persecución política sigue, no son juicios. Ni lo que se llevó a cabo de desafuero en la Asamblea ni lo que se lleva o trata de llevar en los juzgados, no son juicios, son persecuciones políticas. Esta persecución política es la que lleva el pacto”, señaló el mandatario.

Según Bolaños, el Poder Ejecutivo está indefenso ante el alcance del llamado pacto entre liberales y sandinistas, que controlan los poderes Judicial, Electoral y Legislativo, además de otras instituciones.

Sin embargo, el Presidente se negó una vez más a dar su respaldo a una amnistía, para solucionar la crisis.

“La estrategia parcial de ellos (liberales y sandinistas) es, precisamente, acorralarnos en esa posición, creyendo que nos vamos a tratar de perdonar nosotros mismos y por allí, por esa puerta se zafa un culpable por lo menos (Arnoldo Alemán), eso no lo vamos a hacer nosotros”, sentenció Bolaños.

“La justicia está en manos de los partidos políticos y eso es lo que vamos a denunciar”, dijo Vega.

El mandatario consideró como “una amenaza a la seguridad nicaragüense” los desafueros y el posible golpe de Estado tramado por los pactistas, los cuales “atentan contra la seguridad y la estabilidad de toda la región”.

Bolaños reiteró que la Policía Nacional tiene la responsabilidad de mantener la seguridad pública, y el Ejército de Nicaragua la seguridad de la nación.

“La Policía sabe que en cumplimiento a lo que dice la Constitución, la Policía está bajo la jefatura del Presidente de la República”, dijo Bolaños.

El ministro de Defensa, Avil Ramírez, indicó que el declarar un estado de emergencia no ha sido tema de discusión en las reuniones del Gabinete y que el Ejecutivo cifra sus esperanzas en la concertación de un nuevo diálogo, para superar el conflicto.

“Queremos montar un verdadero diálogo, participativo, amplio, inclusivo. Sólo los actores que tienen que ver en el acontecer de Nicaragua, no es sólo esos tres actores (PLC, FSLN y Ejecutivo). Se puede comenzar por esos tres, pero aquí somos muchos los que tenemos mucho qué decir aquí en Nicaragua”, sostuvo el presidente Bolaños.

JUEZ ROJAS LLEGA TARDE

A las 10:45 de la mañana de ayer, el Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua, David Rojas, dio apertura al juicio por supuesto delito electoral y otros ilícitos, contra Vega y Salvo.

La decisión fue tomada apenas una hora después que la primera secretaria de la Asamblea Nacional, la diputada liberal María Auxiliadora Alemán, entregó al juez Rojas un informe en el que le comunicaba que ambos ministros fueron privados de la inmunidad que les cobijaba.

Rojas inmediatamente decretó la retención migratoria para los procesados, pero el oficio enviado a la Dirección de Migración y Extranjería no pudo ejecutarse, porque los ministros abandonaron el país al mediodía de ayer.

Grace González, vocera del Ministerio de Gobernación (Mingob), informó que el avión en que partieron los ministros salió a las 12:30 del mediodía, y la notificación con la retención llegó a las 12:45.

El juez Rojas ordenó, además, a ambos funcionarios de Estado, presentarse a su despacho judicial a declarar en calidad de procesados, para ser indagados sobre el delito denunciado y para que nombren a su abogado defensor. Salvo Horvilleur fue citado para que amplíe su declaración indagatoria el 13 de octubre próximo a las 10.00 a.m.

CON LA INTERPOL

Una hora más tarde, el juez Rojas ordenó al representante de la Policía Internacional (Inerpol) en Managua, comisionado mayor Miguel García, que investigue la identidad de las personas naturales o jurídicas que hicieron transferencias bancarias desde varios países extranjeros hacia los bancos de la Producción (Banpro) y Caley Dagnall.

La solicitud indica que se indaguen “las fuentes reportadas de ingresos” de las transferencias bancarias operadas desde bancos extranjeros, hacia las cuentas que manejaron en el 2001 el hoy presidente Enrique Bolaños, Leonardo Somarriba y Roberto Vasalli.

Los acontecimientos judiciales se vieron aparejados por la amenaza hecha por la diputada liberal María Auxiliadora Alemán, para someter a discusión en el plenario a otros cuatro ministros de Gobierno, en esta semana.

“Están en agenda las cuatro desaforaciones de los funcionarios públicos, como también la desaforación del señor Presidente de la República”, afirmó Alemán.

Otra funcionaria que podría ser desaforada es la directora de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Martha Julia Lugo, y Vilma Rosa León York, ex viceministra de Educación, quien no se presentó a la citatoria judicial prevista para ayer, por lo que emitió una aclaración pública en la que señala que hasta ayer no había sido notificada de la cita para rendir su declaración indagatoria.

APOYO AL DIÁLOGO

El Presidente de la República, Enrique Bolaños, se reunió con representantes de las diferentes cámaras del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), a quienes expuso la delicada situación que atraviesa el país.

Los empresarios hicieron un llamado a las fuerzas políticas a sentarse en un diálogo amplio, para sacar a la nación del atolladero, según expresó el presidente del Cosep, Erwing Krüger, quien también pidió a las bancadas del FSLN y del PLC que aprueben el Cafta.

Por otro lado, los candidatos presidenciales Eduardo Montealegre y Herty Lewites rechazaron los desafueros y los resultados del pacto, según un comunicado conjunto emitido ayer.

GOLPE DE ESTADO

“Es un golpe de Estado que va escalonándose hasta completarse totalmente, pero es un golpe de Estado”, aseguró el presidente Enrique Bolaños, al despedir ayer en el aeropuerto a seis de sus ministros que integran una Comisión que denunciará la situación política del país, ante diferentes organismos internacionales.