Carlos Martínez Morá[email protected]
Si un conductor fuese impactado por alguno de esos buses de dudoso estado mecánico que circulan por Managua, con mucha suerte el perjudicado podría lograr que el conductor o el dueño de la unidad asuma los gastos de los daños.
Esto se debe a que hay un número aún indeterminado de buses que transitan por las calles sin haber pagado el seguro obligatorio por los daños a terceros, lo que significa que tras un accidente, queda a la voluntad del dueño de la unidad o del conductor, hacerse responsable del incidente.
El problema fue llevado a la Asamblea Nacional y los diputados decidieron darles una prórroga de seis meses para pagar el seguro mientras se encontraba un arreglo.
Pero ha pasado más de un año de ese período y todavía no hay una solución legal al planteamiento.
El comisionado Manuel Roque Gutiérrez, jefe de la Dirección de Seguridad de Tránsito, de la Policía Nacional, señaló que mientras se busca una solución a ese problema, se planteó la necesidad de buscar un mecanismo que les permita a los transportistas no quedar totalmente al margen de la ley y de esa manera surgió la idea de que los transportistas destinaran cierta cantidad de dinero dentro de sus cooperativas para la creación de un fondo con el cual poder responder a los daños a terceros por accidentes de tránsito.
Otros han decidido finalmente a pagar la póliza de seguro a alguna compañía aseguradora, pero todavía hay una gran cantidad de buses que corren por las calles sin haber pagado el seguro, y sus dueños tampoco se han acogido al “pacto de caballeros” con la Policía Nacional, para responder ante un caso de accidente.
IR A TRIBUNALES ES ENGORROSO
En este caso la solución es que el ciudadano acuda a la vía judicial a demandar al propietario de la unidad y al conductor, pero ese trámite requiere de mucho tiempo, paciencia y dinero, afirmó el comisionado.
Agregó que en vista de que la solución a este problema se llevará más tiempo, la Policía de Tránsito trata de perfeccionar el acuerdo de caballeros con las cooperativas que no quisieron asumir ninguna responsabilidad.
Roque indicó que este problema lo aborda el artículo 81 de la Ley 431, el cual exige a todos los conductores un seguro obligatorio para responder por daños a terceros al momento de algún accidente de tránsito.
Los transportistas del sector urbano colectivo nunca han estado de acuerdo con el pago de ese seguro porque consideran que su costo es muy elevado y que difícilmente lo pueden pagar.
