- Dictan retención migratoria y llaman a indagar a Vilma Rosa León York
- Juez sandinista sólo espera que el parlamento le notifique desafuero de ministros, para indagarlos
Mirna Velásquez [email protected]
La apertura de un proceso judicial contra el ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier y el viceministro Agropecuario y Forestal, Mario Salvo Horvilleur, por delito electoral, todavía no se ha materializado, porque la Asamblea Nacional no le ha remitido un informe al juez David Rojas, en el que se haga oficial el retiro de la inmunidad de ambos.
Rojas, Juez Primero de Distrito del Crimen, informó ayer que esperará a que la Asamblea Nacional le envíe la resolución para proseguir con el juicio que se tramita en su judicatura por delito electoral con una citatoria para ser indagados.
El jueves pasado, diputados sandinistas y liberales retiraron el fuero a Vega y Salvo, para que enfrenten el juicio que desde el 2002 se tramita en ese juzgado.
RETENCIÓN MIGRATORIA PARA EX VICEMINISTRA
Otra de las decisiones que recién tomó el juez Rojas, fue citar para que comparezca a declarar en calidad de procesada a la ex viceministra de Educación, Vilma Rosa León York, quien recientemente fue retirada de ese cargo para pasar a al Fondo de Garantía de Depósitos (Fogade), donde no goza de inmunidad.
“Ya tiene decretada una orden de retención migratoria a partir de hoy (ayer) a las ocho de la mañana”, afirmó Rojas.
El juez recordó que existen cuatro informes de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el juicio en cuestión y que ayer recibió un avance de un informe preliminar sobre los egresos e ingresos de la Vicepresidencia de la República entre los años 2000-2001.
“Ahorita lo que se ha decidido es estudiar un informe preliminar que está viniendo ahorita de la Contraloría, vamos a verlo”, declaró Rojas, después del mediodía de ayer, sin pormenorizar el contenido del documento.
Del análisis de este nuevo informe, el juez valorará qué otras diligencias programará, según indicó él mismo.
LA ACUSACIÓN
El 29 de octubre de 2002, la Fiscalía General de la República introdujo una denuncia ante el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua, en contra de 32 personas, entre actuales funcionarios, ex funcionarios y diputados de la Asamblea Nacional, por delitos electorales supuestamente cometidos por el gobernante Partido Liberal Constitucionalista (PLC), durante las pasadas elecciones.
El Gobierno del presidente Enrique Bolaños es cuestionado por la falta de transparencia u ocultamiento del origen de los fondos que sufragaron la campaña electoral, en el 2001.
La acusación resume que la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN) fue alimentada con fondos del erario y mediante transacciones bancarias se hicieron diferentes entregas de dinero provenientes de dicha fundación, a favor de la alianza electoral PLC-CCN-PRN.
OTROS DESAFUEROS
En la Asamblea Nacional está pendiente aún la discusión del desafuero de otros funcionarios del actual Gobierno, señalados de cometer delito electoral. El juez David Rojas informó que de los 32 denunciados, 27 son inmunes.
