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Un día después de haber finalizado el período de gracia establecido por la Ley 510, Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados, la Policía Nacional contabiliza en sus registros la existencia de 120 mil armas de uso civil en el país.
Estas cifras aún no son conclusivas, pues según la subdirectora de la institución, comisionada general Ana Julia Guido, todavía faltan informes de algunos municipios alejados de los departamentos de Jinotega, Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, principalmente.
La subdirectora de la Policía recordó que al iniciar la implementación de la ley habían 100 mil armas registradas y durante el período de gracia de seis meses, establecido por la misma, acudieron a las instalaciones un poco más de 20 mil personas.
La funcionaria indicó que cerca de 17 mil dueños renovaron la licencia para portar legalmente su arma, cuyos documentos estaban vencidos.
También durante este período la Policía decomisó 2,273 armas consideradas restringidas y otras 1,462 fueron entregadas de forma voluntaria, mientras otras 932 fueron ocupadas en diferentes hechos delictivos, al igual que más de 83 mil municiones y 163 explosivos.
Dentro de las armas restringidas ocupadas por la Policía destacan 106 armas hechizas, entre las cuales sobresalen morteros que estaban en poder de pandilleros y estudiantes, principalmente de los departamentos de Estelí, León y Managua.
Las armas de fuego recuperadas que estén en mal estado serán destruidas por esa institución, y las que estén en buenas condiciones pasarán a inventarios del Estado.
La jefa policial aclaró que a partir de la fecha todo operativo de recuperación de armas deberá contar con órdenes de allanamiento por parte de un judicial.
“Por eso aquí se aplica la ley, es decir aquí ya entramos en un proceso, entonces tendríamos que tener órdenes de allanamiento de los jueces para poder ir a buscar si hay morteros u otro tipo de armas”, indicó la funcionaria policial.
“Consideramos que fue un éxito total”, sostuvo Guido al considerar que la cantidad recuperada representa “un arma menos que está en la calle”.
REBASADA CAPACIDAD
Señaló que en las delegaciones policiales la demanda de la ciudadanía sobrepasó las expectativas, en cuanto a la cantidad de personas que legalizaron las armas de tipo civil.
“Ha sido rebasada la capacidad instalada de la Policía en la parte de servicios policiales. Por eso es que estamos diciendo a las personas que lleguen que reserven un número, le dan una esquela que está todavía en trámite”, manifestó Guido.
Y aunque la jefa policial reconoció ayer que a nivel de la región existen diversos estudios sobre la cantidad de armas ligeras y pequeñas que podrían estar en manos de civiles, “nosotros no quisiéramos arriesgarnos a dar cifras”.
Reconoció que el tráfico ilegal de armas existe en toda Centroamérica, pues el territorio no sólo sirve como corredor de tráfico de drogas sino de tráfico de armas ilegales.
“Y por lo tanto, por supuesto que no descartamos que las armas se van a seguir moviendo en el territorio”, dijo Guido.
Al iniciar la segunda etapa del período de gracia decretado por la ley, las autoridades aseguraron que de acuerdo a estudios centroamericanos por cada arma legal existe un arma ilegal como mínimo. A esa fecha habían 100 mil armas registradas.
Al momento se desconoce cuántas armas de guerra quedan todavía en el país en manos de civiles.
Estas armas están en la escala de armas restringidas, pues únicamente pueden ser portadas por la Policía, Ejército y Sistema Penitenciario Nacional.
En este segmento también aparecen las armas hechizas, como morteros, los cuales únicamente podrán ser utilizados en fiestas religiosas, deportivas y que tengan un lanzamiento vertical, o armas originales cuyas características técnicas sean alteradas y que su fabricación esté terminantemente prohibida.
Es por ello que a partir de la fecha, la ley incluye entre las prohibiciones las armerías o talleres que se dedican a fabricar armas hechizas.
La Ley 510 establece otros dos tipos de armas, las prohibidas de las cuales se estima no hay en el país pues abarca armas químicas y biológicas, y las de uso civil, entre las cuales están revólveres y pistolas de diverso calibre, rifles 22, escopetas 12 y escopetas 20. Las únicas armas con sistema automático que pueden autorizar son algunas deportivas.
En el caso de las armas de uso civil la ley establece diversos tipos de licencia: comercial que está establecida para importadores, comercios de armas, talleres de reparación, empresas de vigilancia, entre otros. Y las especiales, para las personas que gozan de inmunidad y misiones diplomáticas.
CAPACITAN A PERSONAL
La Policía Nacional capacitó a policías, fiscales y jueces en lo referente a la Ley 510, de Armas y Municiones.
La comisionada general Ana Julia Guido, subdirectora de la Policía, manifestó que 697 agentes del orden, 108 fiscales y 67 jueces están preparados para enfrentar los diferentes delitos establecidos en la Ley 510 a partir de ayer.
La ley establece sanciones para la posesión ilegal de armas que van de seis a 12 meses de prisión.
En caso que un ciudadano sea encontrado portando un arma de fuego de forma ilegal puede ser sujeto de uno a tres años de prisión, según la ley.
El tráfico ilícito de armas contempla penas consideradas más graves y quien incurra en ese delito puede ser sujeto a una sanción de hasta 12 años de cárcel, recordó la subdirectora de la Policía Nacional.
PROCESO CONTINÚA
La comisionada general Ana Julia Guido aclaró que aún continúa el proceso de legalización de armas de uso civil. “Lo que terminó es el período de gracia para las armas restringidas; la entrega voluntaria. La legalización la puede hacer (el interesado) en cualquier momento, claro el que no tenga portación y es encontrado ilegalmente en la calle portándola pues tendríamos que aplicarle la ley”.
