- Abogado de reo colombiano señala a sub-procurador de la PDDH, Adolfo Jarquín, entre quienes apoyaron el plan para sacar a su cliente
- El botín: recuperar 609 mil dólares que están en las cuentas de la Corte a cambio de la libertad del reo
Mirna Velásquez [email protected]
En el intento frustrado de sacar de prisión a cualquier costo al colombiano Jorge Eliécer Hernández González y/o Luis Ángel González Largo, participó un grupo de abogados supuestamente “protegidos” por el subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Adolfo Jarquín Ortel, aseguró Pánfilo Orozco, abogado defensor de González Largo.
El colombiano, procesado y condenado por lavado de dinero junto a otras personas, estuvo a punto de salir de la Cárcel Modelo la semana pasada, mediante un recurso de exhibición personal “amañado”, tramado supuestamente por un grupo de abogados, bajo el amparo de Jarquín Ortel, pero éste ha negado cualquier relación.
Orozco aseguró que el sub-procurador Jarquín Ortel visitó a González Largo en varias ocasiones, acompañado del abogado Mario Peña para proponerle su salida.
“Le hicieron ver que ellos estaban en condiciones de sacarlo, que hicieran el cambio, que nombrara a Mario Peña como su defensor. Peña, hace unos 15 días, le propuso al reo sacarlo por un recurso de amparo amañado y cuando estuviera libre, irlo a dejar a Ocotal y que el reo se fuera huyendo para Honduras, pero él (el colombiano) no aceptó la proposición porque quería obtener su libertad por la vía legal, sin tener que huir”, afirmó.
SUBPROCURADOR NIEGA
El subprocurador Jarquín refutó la afirmación del abogado y dijo no conocer al reo en mención. “Yo no sé ni de qué me estás hablando”, insistió. Agregó que normalmente él realiza visitas a los internos para ver las condiciones en que están, pero descartó haber conversado con González Largo.
“Cuando yo voy al penal lo primero que les digo (es) aquí tienen mi tarjeta, llamen a la Procuraduría (…) si ustedes sienten que les están violando sus derechos (…)”, dijo Jarquín.
Los abogados convencieron a Leyla Bucardo, compañera del colombiano, para que hiciera el cambio de defensa. Ella guardaba prisión en el penal de mujeres La Esperanza y con el recurso de amparo burlaron a las autoridades penitenciarias y la sacaron de la cárcel. Hoy es buscada por la Policía Nacional.
El sub-procurador dijo que el abogado Mario Peña es uno de sus asistentes jurídicos y admitió que una vez visitaron juntos la cárcel de mujeres.
El interés de los abogados, según Orozco, pudo ser liberar los 609 mil dólares que los procesados portaban cuando fueron detenidos y están ocupados en las cuentas de la Corte.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) analiza el caso que involucra a Moisés Rodríguez Zelaya y a la juez suplente de Tipitapa Julissa Martínez, quienes participaron en el trámite de libertad de los procesados mediante un recurso que aparentemente estaba fuera de todo orden legal.
El magistrado Enrique Chavarría, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, informó que ayer mismo rindió un informe del caso al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial que resume la actuación del juez suplente Moisés Rodríguez Zelaya.
LA RUTA DE LA SALIDA FRUSTRADA
El 11 de agosto de 2005, al mediodía, la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de Masaya, dominada por magistrados liberales, exhorta a la Sala Penal Uno de Apelaciones de Managua, a tramitar un recurso de exhibición personal a favor de Leyla Bucardo y Luis Ángel González Largo, por supuesta detención ilegal.
El magistrado Enrique Chavarría, de la Sala Penal Uno de Apelaciones de Managua, integra sala con la magistrada civil Juana Méndez y nombran juez ejecutor a Moisés Rodríguez.
El 12 de agosto, a las 3:00 p.m., el juez Rodríguez emite una resolución que concluye que ambos reos están detenidos ilegalmente porque su detención ocurrió en San Marcos, Carazo, el 12 de abril de 2004 (pero en realidad fue en un hotel de Managua), por lo tanto cree que se violó la jurisdicción penal. Rodríguez ordena a dos jueces de Managua darles la libertad.
El 12 de agosto, la Juez Sexto Penal de Juicio, Miriam Guzmán, gira orden de libertad a favor de González Largo. En la tarde consiguen la libertad de Bucardo y en la noche intentan sacar a Largo, pero el penal se opone, por lo que el mismo día, la juez revoca la misma orden.
Ese día, la Juez Primero de Ejecución de Sentencia, Roxana Zapata, gira otra orden de libertad, la cual fue revocada por ella misma cuatro días después.
El 15 de agosto, el juez suplente Julio Morales (sustituyendo a la juez Guzmán que está de vacaciones) revoca la decisión de Guzmán y ordena nuevamente liberar al colombiano.
El 16 agosto, el Sistema Penitenciario no acata la orden del juez ejecutor “por ser ilegal y arbitrario el procedimiento”.
