Por Marcela Sánchez*
Roman, Times, serif»>Desde Washington
Justicia como queso suizo
Por Marcela Sánchez*
Con 13 años de edad, Erlan Colindres ha estado en la cárcel con más frecuencia con la que la mayoría de los niños de su edad ha asistido a campamentos de verano. El presunto líder de la pandilla hondureña “Los Puchos” y miembro de la internacionalmente temida “Mara 18” ha sido vinculado a 17 asesinatos y detenido en seis oportunidades en los últimos tres años. Se ha escapado cinco veces y ninguna vez ha sido juzgado.
Hace dos semanas, Colindres fue arrestado en conexión con la muerte de Michael Timothy Markey, un agente de la Administración Antidrogas de Estados Unidos o DEA que recibió dos disparos cuando visitaba una popular basílica en las afueras de Tegucigalpa. Sólo le tomó a Colindres hasta el domingo en la noche para escapar, aunque esta vez, según la AP, las autoridades lo recapturaron cuando buscaba un aventón en la carretera a seis kilómetros de distancia y todavía con las esposas colgando de una de sus muñecas.
Asesinatos perpetrados libremente por miembros de pandillas juveniles como Colindres sólo compiten por estos días con el caos provocado por el crimen organizado que encuentra en Centroamérica un punto de tránsito conveniente para traficar con drogas y personas hacia el norte y con armas y dinero hacia el sur. Todos actúan casi en total impunidad y manipulan los sistemas judiciales regionales con facilidad.
Presionados para que actúen ante la inseguridad, los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala han adoptado medidas de mano dura arrestando pandilleros incluso por sólo sospechar que pertenecen a alguna de las maras. También en una cumbre regional sobre seguridad en junio, líderes centroamericanos diseñaron un plan para crear una fuerza especial de respuesta rápida que enfrentará la violencia pandillera, el narcotráfico, el terrorismo y otras formas de crimen organizado. Funcionarios centroamericanos esperan que Washington los ayude a financiar la unidad teniendo en cuenta que el consumo de drogas en Estados Unidos y el aumento de deportaciones de pandilleros desde Estados Unidos empeoran los problemas de seguridad.
Y es que para responder a la violencia pandillera autoridades estadounidenses han lanzado una enérgica campaña nacional para detener a inmigrantes ilegales vinculados con las pandillas. Más de mil han sido arrestados desde marzo. Más de 200 han recibido cargos y esperan juicios, según el Departamento de Seguridad Interior, y más de 700 han sido deportados o están en el proceso para serlo. La diferencia entre el enfoque estadounidense y el centroamericano es desde luego la efectividad del sistema jurídico.
Como en el caso de Colindres, queda claro que la captura no es suficiente. Las autoridades centroamericanas deben poder detener a los sospechosos y juzgarlos. La facilidad con que Colindres entra y sale de la cárcel en Honduras es sólo una muestra —no obstante una bastante grande— de los huecos de un sistema jurídico que se parece más a un queso suizo.
Honduras, como sus vecinos centroamericanos, carece de fiscales y jueces entrenados para juzgar al creciente número de acusados. Tampoco cuenta con los recursos necesarios para protegerlos mientras hacen su trabajo. Jueces y fiscales en Centroamérica son asesinados con suficiente frecuencia como para que algunos líderes estén expresando preocupación con la posibilidad de que la región se esté “colombianizando”.
Entre quienes hacen sonar la alarma está el popular Cardenal de Honduras, Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Rodríguez les exige a las autoridades hondureñas que hagan más para contener la proliferación del crimen organizado. Está convencido de que el narcotráfico y las actividades criminales que lo acompañan son la mayor amenaza a la paz que tanto le costó a la región. Sus denuncias lo han hecho ya blanco de una amenaza contra su vida.
El Presidente guatemalteco, Oscar Berger, es aún más directo cuando dice que Guatemala está “en su peor época de violencia desde la guerra”. Y el veterano analista salvadoreño Leonel Gómez Vides cree que la confrontación entre la izquierda y la derecha de hace 20 años ha sido reemplazada por una confrontación entre el crimen organizado y el resto de la sociedad.
Ellos parecen más pesimistas que los funcionarios estadounidenses. A comienzos de mes, el presidente Bush celebró triunfalmente el éxito centroamericano prometiendo que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (Cafta), que estaba firmando ese día, ayudaría a promover ese progreso. Sociedades más libres creadas por acuerdos como el Cafta, agregó, ayudarán a “eliminar el caos y la inestabilidad que explotan los terroristas, los criminales y los narcotraficantes”.
Pero el libre comercio no será suficiente para crear estabilidad en Centroamérica. El flujo libre de bienes y servicios no borrará las guerras de pandillas ni eliminará el crimen organizado. De hecho, actividades criminales transnacionales tenderían a prosperar con fronteras más abiertas. Yendo más al grano, es difícil pensar que muchos nuevos inversionistas estadounidenses acudan en masa a la región mientras la situación de seguridad siga como está.
Éste parece entonces el momento propicio para reconocer que ante todas las promesas hechas, existen aún grandes retos para los nuevos socios comerciales.
* (c) 2005, Washington Post Writers Group
