Roberto Pérez Solí[email protected]
La aprobación de la llamada Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Bebidas Alcohólicas, Envase para el Aguardiente, prevista a entrar en vigencia el próximo mes de octubre, empieza a causar inconformidades.
Procesadores y vendedores de aguardiente aseguraron que no tienen la capacidad económica para envasar y etiquetar el producto tal y como lo establece la norma técnica de envase que, de acuerdo a autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), deberá cumplirse en su totalidad.
Rodrigo Casco indicó que el desempleo de centenares de personas o el cierre de un considerable número de negocios estaría “a la vuelta de la esquina” si el Minsa junto al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) no hace modificaciones a la norma de envase.
“No hay dinero para comprar los envases. Mandar a etiquetar el aguardiente implica el registro de una marca y esto cuesta cien dólares, más otros 20 para obtener un certificado para la inscripción legal”, agregó Casco.
El Minsa asegura que pretenden regular toda comercialización de aguardiente nacional a granel, aunque también internacional. De esta manera evitarán que el licor sea adulterado con ciertos aditivos que causen graves afectaciones en la salud de los consumidores.
Dispuso que el material del recipiente de aguardiente sea de vidrio o plástico. Los productores, importadores y envasadores de aguardiente deben envasar el producto, debidamente sellado, en volúmenes que van desde los 50 ml hasta los 3,785 ml.
Quienes no cumplan lo establecido en la norma técnica de envase podrán sufrir sanciones económicas, el decomiso del producto y hasta el cierre de sus negocios, según lo establecido en la Ley General de Salud.
ARTESANALES PERO…
“Hay algunos que elaboramos el aguardiente de manera artesanal, pero cumplimos todas las normas de higiene, el aguardiente que se vende es de buena calidad. A nivel nacional hay un promedio de 120 mil personas que pagan impuestos a la Dirección General de Ingresos (DGI), unos inscritos como cantinas o agencias de aguardiente, al entrar la ley nos veríamos afectados, tendríamos que cerrar”, expresó Fernando Ocón, también dueño de un negocio de aguardiente.
Quienes se dedican a procesar y vender aguardiente pidieron al Mific la suspensión de la norma, mediante un escrito ante la Comisión Nacional de Normalización Técnica, a inicios de la semana.
Si esta primera solicitud no es escuchada, aseguraron que optarán por una suspensión temporal mientras consiguen dinero para hacer los “ajustes necesarios”.
“Nos veremos obligados a buscar un capital extra para seguir en el mercado, el problema es que para la creación de la normativa sólo participaron empresas grandes y no pequeñas como las nuestras”, añadió Fernando Ocón, quien pertenece a la Sociedad Civil Universal de Procesadores Artesanales y Vendedores de Aguardiente.
