Lawrence Cichanowicz
Nunca he experimentado en carne propia el desempleo y por ello me considero un ciudadano privilegiado de este mundo; sin embargo imagino que para los miles de nicaragüenses desempleados la pregunta cotidiana es: ¿Hasta cuándo? Y para los padres de familia las grandes interrogantes sobre el futuro de sus hijos deben ser una preocupación permanente: ¿tendrán mis hijos un futuro mejor que el mío? ¿vivirán en una mejor Nicaragua o tendrán que migrar de su país natal para buscar mejores oportunidades de vida como lo han hecho cientos de miles de sus compatriotas?
Nicaragua depende de la cooperación externa, pero no es con esta que saldrá de pobre, sino con megaproyectos sostenibles financiados con capital extranjero proveniente del sector privado que le ayuden a mejorar los índices de pobreza y subdesarrollo. No obstante, el actual gobierno de Nicaragua, durante los últimos tres años, no ha cumplido con la ley que regula el proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua (CINN), negándole a los concesionarios de la exploración los permisos establecidos para que inicien los estudios de factibilidad, impacto ambiental y diseño final de los dos puertos de aguas profundas y la vía ferroviaria que unirá ambos puertos para el tráfico mundial de contenedores.
Si el Gobierno de Nicaragua cumple con la ley se pondrán concluir los estudios y los nicaragüenses disfrutarán de los beneficios del megaproyecto. Así se procederá con la construcción de la infraestructura, etapa proyectada a durar tres años y medios y según el gerente del proyecto, Parsons & Brinckerhoff, generará ochenta mil empleos directos e indirectos. Adicionalmente entrará al país una masa monetaria para el pago de los bienes y servicios, utilizados en las obras civiles, superior a los seiscientos millones de dólares anuales y con mucho beneplácito veremos cómo el efecto multiplicador de la economía se encarga de beneficiar al país en general.
Una vez que inicien operaciones CINN pagará al Estado de Nicaragua el cinco por ciento sobre los ingresos brutos, del cual, según la ley, el cincuenta por ciento se distribuirá entre los gobiernos municipales donde pasa la línea ferroviaria para obras de mantenimiento y el remanente se invertirá en la forma que lo decidan las autoridades correspondientes.
Después de 45 años de operaciones el Estado de Nicaragua decidirá si le renueva o no la concesión al CINN, para ese entonces la infraestructura será propiedad del Estado. Recuerdo al señor Presidente de la República que el proyecto de la empresa CINN fue declarado por el Estado de Nicaragua “de interés Nacional, Económico y Social”, y la ley manda al Gobierno de Nicaragua a otorgar “de inmediato” todos los permisos requeridos para realizar los estudios de factibilidad, impacto ambiental y diseño final para dar la oportunidad a los nicaragüenses de tener una ruta interoceánica para el comercio mundial que generará empleo masivo sostenible, riqueza y mejores oportunidades de vida para todos.
Accionista del CINN.
