El juez David Rojas, debe firmar al menos 27 mil páginas del caso de los delitos electorales, antes de enviarlas al parlamento.

Juez informará sobre delitos electorales

Ante la Comisión especial de desafuero del presidente Enrique Bolaños en el parlamento Mirna Velásquez [email protected] El Juez Primero de Distrito del Crimen, David Rojas, quien tramita un juicio contra varios funcionarios del actual gobierno y otras personas por supuesto delito electoral, prepara un informe para enviarlo a la Comisión especial de desafuero del presidente […]

  • Ante la Comisión especial de desafuero del presidente Enrique Bolaños en el parlamento

Mirna Velásquez [email protected]

El Juez Primero de Distrito del Crimen, David Rojas, quien tramita un juicio contra varios funcionarios del actual gobierno y otras personas por supuesto delito electoral, prepara un informe para enviarlo a la Comisión especial de desafuero del presidente Enrique Bolaños, en la Asamblea Nacional.

INMUNIDAD PROTEGIÓA FUNCIONARIOS

La dipuada Mirna Rosales, presidenta de la Comisión solicitó al juez Rojas, el 13 de julio pasado, que envíe, antes del 3 de agosto, el desglose de la declaración indagatoria de Rosario Meza, ex directora del Centro de Insumos para la Salud (CIPS) del Ministerio de Salud (Minsa), quien confirmó el uso de medicamentos del Estado, en la campaña electoral del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en el 2001.

Varios funcionarios del gobierno actual fueron acusados por la Fiscalía por delito electoral, fraude y otros.

El trámite del juicio se detuvo contra ellos debido a la inmunidad que los protege por su condición de ministros.

La acusación señala el uso de fondos del erario para financiar la campaña electoral de ese partido en el año 2001, mediante distintas operaciones bancarias.

La diputada Rosales también pidió se le remita la declaración testifical de Eduardo Montealegre, actualmente aspirante a la presidencia, quien manejó fondos para la misma campaña electoral.

INSPECCIONES BANCARIAS ARROJARON DATOS NUEVOS

El levantamiento del sigilo bancario a través de una orden judicial dio pie a la inspección de cinco entidades bancarias, lo que arrojó nuevos datos en el juicio.

La comisión especial de la Asamblea Nacional requirió la información recopilada durante esas inspecciones, pero específicamente en el Banco de la Producción (Banpro) y el banco Caley Dagnall.

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