Ludwin Loáisiga yAnne Pérez [email protected]
El proyecto de ley de estabilidad del servicio de energía eléctrica, que se conocía como Ley de Emergencia y Estabilidad Energética, todavía no cuenta con los votos suficientes de liberales y sandinistas para ser aprobada.
Por el momento los legisladores también desistieron de obligar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) a destinar unos 45 millones de dólares para desarrollar proyectos de generación hidroeléctrica.
“Eso por hoy está supuesto a retirarse con una moción a ese artículo, porque hay mucha discrepancia de hasta dónde es bueno (…) creo que estamos perdiendo una buena oportunidad para que inicien proyectos que nos vayan liberando de la dependencia del petróleo”, dijo David Castillo, presidente de la Comisión de Comunicaciones, Transporte, Energía y Construcción.
Castillo mencionó que las utilidades de Hidrogesa, que se estiman en más de 18 millones de dólares para este año, podrían ser utilizadas para brindar un subsidio a las personas en cuyos hogares el consumo mensual de energía no sobrepase los 150 kilovatios hora.
El proyecto de ley de estabilidad energética, que según Castillo podría ser aprobado la próxima semana, plantea una serie de medidas de control ante la crisis generada por el alza en el precio internacional del petróleo.
La iniciativa propone que la ley permanecerá vigente cuando el precio internacional del barril de petróleo sobrepase los 45 dólares o se mantenga por arriba del 50 por ciento el nivel del uso del crudo para la generación de energía del país.
Una de las medidas que deberán ser aprobadas es la de obligar a mantener un inventario mínimo de combustible a los participantes en el suministro de hidrocarburos y ejercer medidas de control en los precios de venta del combustible.
Algunos sectores criticaron desde el inicio que mediante la ley se obligara al INSS a destinar 45 millones de dólares.
Pero ya existen algunos consensos entre los diputados, sobre no declarar una emergencia energética, sino una “crisis energética”.
PRESIÓN
El diputado sandinista Roberto González dijo que Castillo fue presionado por distribuidoras de combustible, la Intendencia de Energía, la Comisión Nacional de Energía, generadoras y hasta por la Embajada de Estados Unidos, lo cual dividió a los propios liberales al momento de discutir el proyecto de ley de estabilidad energética.
Castillo argumentó que no existió presión, sino lobby por parte de los empresarios, quienes lo convencieron de los “perjuicios” que podría provocar la iniciativa.
COQUETEO CON CAJA CHICA DEL INSS
La polémica por el Proyecto de Ley de Estabilidad y Emergencia Energética, parece estar en su clímax.
Uno de los puntos más problemáticos es que 45 millones de dólares necesarios para la creación del Fondo de Emergencia Energética saldrían de las reservas técnicas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Sin embargo, el coordinador del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras, cuestionó que se «vuelva a ver a la misma cajita de siempre, la del Seguro Social».
«Los 45 millones de dólares los pueden aportar, después de negociaciones, los propios banqueros nicaragüenses que se comen todos los años más de cien millones de dólares en intereses de la deuda interna nacional», propuso Porras, quien además aseguró que la propuesta de la Comisión Energética es «muy precipitada».
César Zamora, gerente general de la empresa energética Corinto, aseguró que el proyecto de ley “cambia las reglas del juego y perjudica la inversión”.
“Cuando se entrega la energía no se recupera el costo, entonces cada vez que entres en el mercado ‘spot’, en el que la energía no está sujeta a contratos, vas a perder dinero”, aseguró Zamora.
El presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Raúl Solórzano, aseguró que continúan estudiando el proyecto, “tratando de hacer algo constructivo porque, todo se puede arreglar”.
