Paraíso amenazado

Es la mayor riqueza del país, pero vive bajo amenazas constantes que le acercan a la extinción

La existencia de la lapa verde está amenazada. Pero esta vez la explicación a eso no está en los semáforos de Managua, sino en el bosque mismo.

La respuesta podría estar en Boca de Sábalos, cabecera municipal de El Castillo, Río San Juan, de donde cada semana salen una o dos embarcaciones de la Empresa Nacional Portuaria, cargadas con más de cien ‘tucas’ de madera, la mayoría de ellas de almendro, alimento casi exclusivo de las lapas verdes y donde ellas prefieren hacer sus nidos.

El lugar forma parte del Corredor Biológico El Castillo-San Juan, y todo es legal porque se está “aprovechando” la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Sin embargo, quienes resguardan las 76 áreas protegidas que hay en Nicaragua, y que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano, que cuenta con 600 áreas protegidas, están bajo constante presión de finqueros, madereros, ganaderos y agricultores, que quieren explotar los recursos naturales, sin que eso necesariamente signifique armonizar con el medio ambiente.

Pero Costa Rica comprendió pronto el asunto y prohibió la tala de almendros. Algunas autoridades de Río San Juan aseguran que eso provocó el aumento de la tala de almendros en Nicaragua, y aunque la riqueza del bosque es considerada “saqueada” por los ambientalistas, no se puede hacer mucho porque todo está “legalizado”.

Fidel Martínez, administrador de un bosque privado propiedad de la Fundación del Río, en Boca de Sábalos, Río San Juan, asegura que los madereros costarricenses han llegado al punto que ofrecen motosierras a cambio de árboles cortados. La relación es tal, que el campesino necesita talar 25 árboles a cambio de una máquina de esas.

En el camino que va de Boca de Sábalos a Buena Vista hay un fluido constante de camiones con ‘tucas’ de madera, éstos parecen estar dirigidos por hombrecitos de cachetes rosados a quienes parece molestarles el polvo. “Son los ticos, que dirigen todo, pero si preguntas no tienen nada que ver”, explica Martínez al terminar el recorrido.

Probablemente los madereros ticos no sean los únicos que están detrás de esto, pues hay madereros nacionales que tienen permiso de explotar el recurso.

Sin embargo, las declaraciones de Martínez coinciden con las de Ricardo Sánchez, jefe del Destacamento Militar Sur, quien señala que los foráneos compran madera en fincas privadas y no avisan cuando la van a sacar.

Tanto el Ejército como el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) tienen problemas para cubrir 375 mil hectáreas de bosques. Los militares tienen 120 hombres para eso y la institución ambiental cuenta con 47 guardabosques. Eso explica que haya hasta 50 puntos ciegos en la frontera con Costa Rica.

Y esos son los sitios detectados. Pero el guardabosques Santiago Ramírez, responsable de la estación de guardabosques de El Papatirro, considera que el problema es más grave al sur del río. “El costarricense en cuestión de minutos negocia con el campesino nicaragüense, éste corta el palo, y también en cuestión de minutos pasa la madera a Costa Rica”.

LA AMENAZA DE CUATRO PATAS

Para Martínez, esa es la punta de lanza de la frontera agrícola.

Este es el problema más temido por el Gobierno, debido a que eso significa actividad agropecuaria, letal para los suelos cuya vocación es albergar bosques. El resultado es la desertificación.

Según el delegado del Marena en Río San Juan, José Luis Galeano, las amenazas a la reserva son constantes, y el presupuesto para enfrentarlas es de 2.44 córdobas por hectárea cada año.

Galeano asegura que ahora mismo llevan más de un año de querer expulsar a cientos de cabezas de ganado de la Reserva Biológica Los Guatuzos, que supuestamente pertenecen al acaudalado empresario Piero Coen, sin mucho éxito. Coen no niega tener ganado y sólo difiere con el Marena en la cantidad.

Según el expediente de la causa administrativa del Marena contra Coen, se necesitó bloquear un río para la crianza. No obstante, quienes supuestamente despalaron para meter ganado en la zona, fueron “toma-tierras”, ex miembros del Ejército de Nicaragua y de la Resistencia Nicaragüense, que supuestamente le vendieron la finca La Pizota al empresario.

LO MÁS GRAVE

Las autoridades locales observan la toma-venta de tierras como una forma de vida de gente que se hacen pasar por indígenas y provocan el avance de la frontera agrícola.

Por eso Galeano insiste en que la nueva Ley de Delitos Ambientales está incompleta. “Me alegró mucho (la aprobación), pero no escuché que fuera considerado un delito el hecho de que las personas se organicen para ocupar tierras, si lo hacen vamos a poder influir y sancionar”.

Quizá por eso, personas como Armando Gómez, de la Fundación Amigos del Bosque, considera que las leyes e instituciones fallan por ser flexibles. “Aquí decomisan un bote, le quitan las pieles (de lagarto) y dejan ir a la persona; ésta después va a solicitar su bote, cuenta su historia y se lo regresan”.

Galeano lo reconoce, y ejemplifica sus limitaciones legales y técnicas con la arrocera Palo Ralo, que supuestamente causó la muerte de cientos de peces en San Miguelito por medio de agro-químicos, pero asegura que para comprobar eso debieron tener un laboratorio portátil, “de lo contrario se nos cae el caso, porque puede que una persona irresponsable llegó a lavar una pichinga y dejó caer una descarga de productos químicos.

Pero el centro del asunto es la pobreza del lugar. Para dar una idea, el municipio El Castillo, de donde salen ‘tucas’ cuyo valor alcanza los tres mil dólares en el mercado internacional, es el número 16 entre los más pobres.

En ese lugar, el 75.6 por ciento de su población vive en la pobreza, y el 14.7 está en extrema pobreza. La solución más inmediata es vender las ‘tucas’ en 300 córdobas (menos de 20 dólares) o bien deciden vender cada manzana de tierra en 200 dólares a personas adineradas y cuando quedan sin tierras buscan vida en los límites de la frontera agrícola, haciéndola avanzar.

“Hay sobreexplotación de recursos, la pregunta es si esas actividades fomentan la sostenibilidad; la verdad es que hay un impacto ambiental negativo, tenés que detener el avance pionero de la frontera agrícola o vas a seguir viendo una situación caótica”, comentó Oscar Espinoza, de la Oficina de Políticas y estrategias del Marena.

Para Espinoza, la palabra clave es “gobernabilidad”, pero reconoce que para eso se necesita una buena coordinación de las instituciones estatales.

Pero ahí surge una contradicción: mientras el Instituto Nacional Forestal (Inafor) tiene representación en todo Río San Juan, el municipio carece de un Procurador Ambiental. La primera institución se encarga de avalar el aprovechamiento de los bosques, la segunda enjuicia a quienes violan las leyes.

¿CMB LA SALVACIÓN?

El hombre más optimista en todo esto es Jacobo Sánchez, coordinador nacional del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM).

Según Sánchez, la respuesta a todo esto se encuentra en marcha. Aparte de contar con una tecnología que les permite llevar el control de los incendios forestales a través de imágenes satelitales, asegura que hay una mejor coordinación interinstitucional para atacar el problema.

Un ejemplo claro y actual presentado por el funcionario, es la nueva coordinación entre el Inafor y el Marena para exigir cuentas claras a los regentes de la institución forestal, ya que, asegura, “han quedado como papalotes libres”, y se va a enjuiciar a quienes formen parte de las irregularidades.

Sánchez, además, insistió en que el proyecto del CBM busca garantizar la circulación de las especies a través de las áreas protegidas de cada país de Centroamérica y México, para evitar la extinción de flora y fauna, pero también la “fuga” de la mayor riqueza que tiene Nicaragua, que son los recursos naturales.

“El turismo es el mayor rubro económico del país después del café, además están los recursos marinos, y qué decir de las fábricas de agua que son los lagos; la pregunta de orden moral es: ¿el sistema empresarial, que se beneficia y mantiene su economía exitosa a costa del sistema nacional, está obligado a retribuirle al patrimonio nacional parte de los beneficios económicos que obtiene? Sí, está obligado”, responde Sánchez.

La esperanza del funcionario se basa en que la cultura depredadora ha cambiado hacia una de uso sostenible en los últimos años.

Esa misma esperanza es la que tienen las lapas verdes que viven en las copas de los gigantescos árboles de almendro que aún quedan en Río San Juan, pero que cada vez son más difíciles de observar desde fuera.

Mientras tanto, deberán huir al sonido de la motosierra, obligados a olvidar a sus crías, la exuberante vegetación, los bosques húmedos y secos, la cadena montañosa y los complejos de ecosistemas costeros marinos que todavía existen en Nicaragua.

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