- Protección a los animales queda sólo en papel, porque el gobierno manda a desalojar el centro de rescate
José Adán [email protected]
Qué alegre: hay nuevas leyes para proteger a los animales. Qué triste: no hay presupuesto y los animales van a la calle.
Así resume Marina Argüello, directora del zoológico nacional, la situación tras la reciente aprobación de una ley de delitos ambientales, que pena y multa el maltrato a los animales, que se da mientras el Estado ordena el desalojo del Centro de Rescate de Animales y deja sin hogar a más de 170 animales de especies en peligro de extinción.
Argüello denunció que por órdenes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la administración del zoológico nacional debería desalojar, a más tardar a finales de este mes, la propiedad donde hace un año se instaló el Centro de Rescate de Animales.
Ese lugar sirve para albergar a los animales que la Policía y el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena) decomisan a los traficantes de especies en peligro de extinción. En ese centro curan a los animales, los rehabilitan y luego los trasladan al zoológico o se les regresa a su hábitat natural, tras un proceso de sanidad.
Actualmente alberga a más de 170 animales en proceso de rehabilitación que, de no encontrar un hogar antes del 30 de julio, serían regresados enfermos y heridos a sus hábitats, donde muchos morirán o serán capturados otra vez para venta o consumo.
La propiedad que ocupa el Centro de Rescate de Animales, según la versión que le dio a Argüello un funcionario del Ministerio de Hacienda, será entregada por el Estado bajo permuta a una señora a la que le confiscaron una propiedad en residencial Las Colinas en los años ochenta, durante el gobierno sandinista.
“Merece unos aplausos que el Estado promueva leyes a favor del medio ambiente y protección a los animales, pero del mismo modo se necesita más presupuesto para que la ley sea efectiva, ya que mientras aprueban la ley, nos echan del único Centro de Rescate de Animales”, expresó preocupada Argüello, quien pidió públicamente al Gobierno un área para albergar a las especies en peligro de extinción.
Hace menos de dos semanas, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial de Delitos contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, que establece penas de seis meses a cinco años, y multas desde 200 hasta 20,000 dólares, a quienes capturen con fines de explotación comercial, sin permiso, cualquier especie en peligro de extinción; y multas de 50 a 500 dólares a quienes castiguen injustificadamente a los animales domésticos y salvajes.
