Ludwin Loáisiga Ló[email protected]
Un alza en el valor de la tarifa eléctrica y la posibilidad de que se despida a empleados, fueron los anuncios que realizó ayer el Superintendente de Servicios Públicos (Sisep), Víctor Guerrero.
De acuerdo a Guerrero, mañana las autoridades de la Intendencia de Energía sostendrán un encuentro con Unión Fenosa, para acordar a cuánto ascenderá el valor de la tarifa energética.
“Unión Fenosa ya se está poniendo de acuerdo con nosotros y quizás este viernes ya tenemos la noticia de cuánto va a ser el incremento en la tarifa energética; lo que puedo decir es que es menos del 11.83 por ciento”, indicó Guerrero.
Justificó el alza que aprobarán, al decir que el precio internacional del barril de petróleo es de 61.60 dólares.
“Pero cuando ustedes vean el incremento que va a tener la energía, se van a quedar asustados, lo que les puedo decir es que es menos del 11.83 por ciento”, ratificó el funcionario.
Guerrero también manifestó que en las casas donde el consumo no sobrepase los 150 megavatios al mes, recibirán un subsidio.
“Esas personas no van a pagar ningún centavo, para eso necesitamos alrededor de tres millones de dólares que tenemos que conseguirlos de algún Ministerio que haya subejecutado algunas obras, que no las va a poder terminar en todo el año. Quizá sea de Hidrogesa”, adelantó Guerrero.
DESPIDOS
Por otro lado, Guerrero advirtió a los empleados del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) y del Instituto de Telecomunicaciones (Telcor), que en caso de no acatar las órdenes de la Sisep, podrían ser despedidos.
“Aquellos que quieran ir a ponerse a la orden de las intendencias respectivas, cuando ya estemos establecidos, si quieren llegar bueno. Si no, se van a quedar sin trabajo, porque vamos a contratar nuevo personal, porque en este país hay muchas personas preparadas”, dijo Guerrero.
“No queremos tomar medidas muy a la carrera, queremos hacer las cosas bien, o sea queremos darle la oportunidad a los técnicos que han estado trabajando tanto tiempo en esas instituciones”, agregó el Intendente.
RECIBEN FONDOS
Asimismo, Guerrero anunció que la Sisep ya recibe fondos de los operadores y que cuando tengan el dinero suficiente, rentarán un edificio, con lo cual abandonarán el tercer piso de las instalaciones de Petronic, donde actualmente funciona la institución creada por el parlamento.
“El edificio no hace al monje, digo yo. Nosotros estamos dispuestos y cuando comencemos a recibir los fondos necesarios vamos a alquilar un edificio, donde vamos a poner las intendencias de INAA, la Superintendencia y lo que es Usuarios y Consumidores, para estar ya completos”, especificó.
Guerrero informó que la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), la compañía de telefonía celular Movistar y Estesa emiten pagos a nombre de la Sisep.
De hecho, anunció que la Sisep ya abrió una cuenta en uno de los bancos que tienen presencia en Nicaragua, aunque evitó precisar en cuál.
“Ustedes saben que la primera medida que tomamos nosotros fue congelar las cuentas, y esas cuentas hoy están regresando a manos de nosotros, como las autoridades legítimas constituidas y nombradas por la Asamblea Nacional”, aseguró Guerrero.
OTROS PROYECTOS
Por un lado, la Intendencia de Telecomunicaciones podría brindar próximamente una concesión a la empresa Estesa, la cual analiza incursionar en el rubro de telefonía básica rural.
“Ya estamos preparando los documentos para la apertura de telecomunicaciones, nos han visitado aproximadamente más de diez empresas del extranjero que quieren venir a invertir a este país”, señaló Guerrero.
Además, la Sisep planifica instalar en León, Granada y otros departamentos, las denominadas organizaciones territoriales, para ofrecer atención al público.
La Sisep es objeto de una pugna entre el Legislativo y el Ejecutivo, debido a que su origen se remonta a las reformas constitucionales aprobadas en enero por los legisladores.
EJECUTIVO NO RECONOCE
El Ejecutivo no reconoce a las autoridades de la Sisep, basado en una sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia, que declaró inaplicables las reformas que dieron pie a la creación de la Sisep.
