José Antonio Poveda [email protected]
El proceso de desarrollo sustentable implica el mejoramiento de las condiciones de vida y de salud de la población. Un desarrollo económico y social de esas características supone, en consecuencia, una mejor distribución tanto del ingreso como de acceso a servicios sociales básicos, entre ellos los de salud. No basta con asegurar el crecimiento económico de un país o una región para que exista desarrollo efectivo y sustentable.
De esta manera, el fortalecimiento de la responsabilidad social del Estado frente a la salud significa dar prioridad a los esfuerzos encaminados a garantizar un mayor grado de equidad en las condiciones de vida y de salud de los habitantes del país y en el caso a los servicios básicos de salud.
El sector salud suele tener poca injerencia en la formulación de las políticas económicas orientadas a promover el crecimiento y en la toma de decisiones para garantizar una distribución equitativa del ingreso. Sí tiene, en cambio, importantes posibilidades de incrementar la equidad en su ámbito de acción. Para ello se requiere, sin embargo, mejorar las oportunidades de acceso a las medidas de fomento de salud y a los servicios personales y no personales de salud, así como acciones integrales, de carácter intersectorial, para modificar las condiciones de vida y de salud de la población, que se concentren en los sectores sociales más afectados.
Asimismo, resulta esencial destacar que lo anterior precisa reducir las desigualdades sociales en materia de salud y el efecto de la crisis entre los más desvalidos, conformar programas integrales de bienestar social y mejoramiento de las condiciones de vida y salud de las grandes mayorías, en especial de los grupos sociales más desposeídos, y transformar los sistemas de salud sobre la base de un mayor acento en las acciones poblacionales de promoción de la salud y prevención y control de daños y riesgos, así como de una mayor participación ciudadana organizada.
Esto incide en la definición del sector salud, en la reorganización de los servicios de atención a las personas y los de base poblacional, y en la acción sobre las condiciones de vida. Pero, sobre todo, repercute en la redefinición de las relaciones entre las instancias centrales de Gobierno, las instancias municipales periféricas y las organizaciones de la sociedad civil.
En el marco de las restricciones impuestas por la reducción del gasto público y por los efectos generales que están tendiendo los procesos de ajuste en los sectores especiales, resulta impostergable la búsqueda de nuevas formas de organización y uso de los recursos de salud que hagan posible mantener, e incluso fortalecer, el papel del Estado como garante de la atención de las necesidades sociales y sanitarias de los grupos de población con menores ingresos.
En este sentido es imperativo definir el papel que debe cumplir la seguridad social en la transformación de los sistemas de servicios de salud, tomando en cuenta su enorme potencial en términos de contribuir a la extensión de la cobertura de la atención integral de la salud, de mecanismos de financiamiento de las acciones sectoriales y de desarrollo de recursos humanos.
Para los países del continente es necesario plantearse cuáles son las posibilidades y las necesidades de que la seguridad social amplíe sus acciones y sus áreas de intervención, e incorpore a sus responsabilidades el desarrollo de programas de salud pública y atención al medio, y expanda su participación en servicios de bienestar social reconocidos cada vez más como componentes fundamentales de la atención de salud.
La seguridad social en los países iberoamericanos tendrá que afrontar en el siglo veintiuno los retos de extender eficazmente sus programas y ampliar sus coberturas, con el diseño de mecanismos y explorando alternativas que permitan cubrir las contingencias de salud y bienestar social de los sectores más depauperados de la población, no sólo mediante acciones de solidaridad social sino también como expresión de una política social redistributiva emanada del replanteamiento de las responsabilidades sociales básicas del Estado moderno.
La elaboración de cada programa específico tendrá una serie de componentes estandarizados que se enuncian a continuación:
a) provisión de insumos básicos necesarios para la atención de la enfermedad;
b) reforzamiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica del cólera, dengue, varicela, rotavirus, malaria;
c) fortalecimiento de los laboratorios de diagnóstico clínico y de referencia, particularmente en los centros de salud;
d) intensificación de las medidas de protección alimentaria;
e) desarrollo de acciones de información pública y educación para la salud;
f) fortalecimiento de medidas para garantizar la calidad del agua potable;
g) intensificación de las medidas para el tratamiento de aguas residuales y desecho de excretas, y
h) desarrollo institucional para la elaboración de proyectos de inversión en materia de agua potable y saneamiento básico.
El autor es Vicedecano de la Facultad de Derecho UNAN-León. Catedrático Derecho Internacional.
